SALTA (Redacción) – El norte de Salta es uno de los lugares más afectados por la falta de agua. A pesar de las constantes denuncias y reclamos, Aguas del Norte nunca les brindó una solución, por lo que decidieron pasar a mayores. Ante esta problemática recurrente, la jueza en lo Civil y Comercial de Tartagal abrió la convocatoria para formar parte de la acción de amparo tramitada como proceso colectivo contra la empresa en Tartagal y General Mosconi.
Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que así lo desearan, pueden participar de este proceso. Para esto, deberán realizar sus presentaciones entre el 10 y 15 de diciembre, mediante un correo electrónico al mail: orreotcivycom1@justiciasalta.gov.ar. El mensaje tendrá que contener: nombre completo, DNI, domicilio y dirección de correo electrónico, aclarando si adhiere o no al amparo. Además, habrá que adjuntar facturas de servicios de agua.
Plazos del proceso
El plazo para efectuar las presentaciones tendrá vigencia desde las 00:00 hs del 10 de diciembre, hasta el mismo horario del 15 de diciembre. Todo lo enviado antes o después de esa fecha, no será agregado al proceso. Al día siguiente de la finalización de las presentaciones, se realizará la audiencia para la certificación de las postulaciones recibidas por esta vía.
En cuanto a la audiencia pública, la jueza en lo Civil y Comercial 1 del Distrito Judicial Tartagal, Griselda Nieto, aclaró que será el 22 de diciembre. La misma se llevará a cabo a las 9:30 horas, en el Salón de la Escuela de la Magistratura de la Ciudad Judicial de Tartagal. Aquellas personas interesadas en participar de esta sesión, deberá solicitarlo enviando un mail a: tcivycom1@justiciasalta.gov.ar.
Medidas cautelares
Mientras dure este proceso, Aguas del Norte tendrá que dar estricto cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la jueza. Esto incluye agua potable suficiente a los usuarios de las localidades de General Mosconi y Tartagal. En caso de no cumplir con lo estipulado, la autoridad correspondiente aplicará una sanción monetaria diaria a la empresa proveedora del servicio.
