SALTA (Redacción) – El vacunatorio VIP en torno a la Sputnik V sigue dando qué hablar. En esta oportunidad, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó el jueves al jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán. El motivo del escándalo es la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor.
En este marco y para llegar a tal conclusión, la fiscal evaluó que Villagrán considerando su condición de Jefe del Departamento Técnico. En esta línea, abusando de sus facultades el mismo solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, la cantidad de 50 vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19.
Tras ello, las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio entre el personal del CIF. Sumado a ello, los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna. Cabe recordar que el mismo fue establecido por el Ministerio de Salud Pública Nacional y Provincial y conocido a través de los medios de difusión.
Omisiones e impunidad a doquier
Por ello, Salinas consideró que el funcionario efectuó un uso arbitrario de las facultades otorgadas, ocasionando con su conducta un grave perjuicio a la Salud Pública. De hecho, dichas vacunas eran destinadas a personas de “primera línea”, es decir, emergencia, laboratorio y terapia. Por este motivo, se entiende que el mismo dispuso en forma ilegal la adjudicación y distribución de dichas vacunas. Direccionó a las mismas hacia personas a las que por el orden de prelación establecido, no les correspondía su colocación. En este sentido, dicha acción está tipificada por el Código Penal en el Art. 248, referido al Abuso de Autoridad.
Paralelamente, sostiene la fiscal que Villagrán realizó la gestión de adjudicación de vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19 ante el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta. En esta línea, realizó por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores, sobre la gestión realizada. De hecho, no se refirió a la adquisición, el destino y la distribución de las vacunas.
Tampoco informó a la Jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, quien es la persona idónea para determinar quién es el personal de riesgo para COVID-19. Por lo tanto, no informó a quién le corresponde la aplicación de dicha vacuna. De esta manera, las conductas atribuidas importaron una omisión ilegal a las funciones inherentes al cargo que desempeñaba, acción tipificada por el código Penal en el Art. 249. Se trata del Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
