SALTA (Redacción)- Este medio día, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron a cabo diversos allanamientos en el Registro Civil de Salta. Como resultado del procedimiento, se detuvieron a 5 personas. Ante esta situación, la fiscal a cargo, Dra. Ana salina Odorisio de graves delitos económicos, declaró y especificó a que se debió el procedimiento.
“Lo que hoy ocurrió hoy fue el desenlace de una investigación que estamos haciendo desde la fiscalía de delitos económicos y complejos, ya desde hace un par de semanas y contando con elementos suficientes se requirió al juez de garantías de turno diversas órdenes de allanamientos para terminar de contar con los elementos para realizar en las próximas horas las imputaciones respectivas”, detalló la fiscal agregó que se llevaron detenidas a 5 personas, 4 personas que están vinculadas al registro civil y una no.
Así mismo, adelantó que el procedimiento se inicia por una serie de denuncias anónimas que recibieron y la denuncia de la directora del registro civil que algunos datos aportó al respecto. “Con eso se inició una investigación prácticamente de oficio para tratar de dilucidar como es este movimiento que se conoce además y mucha gente lo conoce y nos interiorizamos para saber si estaba dentro de un orden de legalidad, si se trataba de gestiones que realizaban terceros o si estaban comprometidos funcionarios del registro civil”, expresó Salina.
En sintonía, Odorisio afirmó que con la investigación se pudo determinar que realmente se producía el cobro incorrecto, ilegal de importes para que la gente pueda acceder a las partidas. “Para nosotros era una conducta que se repetía permanentemente pero con los resultados de los allanamientos de hoy podemos decir que son muchos los casos que podemos comprobar en los que configura la conducta de delito de concusión”, declaró la fiscal.
Finalmente, la funcionaria agregó que “se trabajó sobre la base de defraudación al estado y de extracciones ilegales que son específicamente hechos donde se cobra un precio que no corresponde para la realización de trámites, en un contexto organizado. El damnificado acá es el estado porque es dinero que no ingresó al estado provincial, que es el delito a la defraudación pública y el delito de concusión que consta en cobrar un importe que no corresponde o más. Creemos que era destinado al provecho de quienes serán imputados mañana está fijada la audiencia y posteriormente serán trasladados a la fiscalía para las imputaciones”, sentenció Salina.
