SALTA (Redacción) – Tanto desde el Ministerio de Salud de la provincia como los referentes de la política local han dado su respaldo al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Es que desde estos sitios insisten en que los profesionales del nosocomio obraron de buena manera al realizar un aborto de 22 semanas de gestación a una joven que posteriormente denunció a los especialistas.
Sarah Esper, reconocida abogada de Tartagal, se refirió al caso y acusó al personal del Hospital Juan Domingo Perón de esta localidad. “Tampoco estoy de acuerdo con los términos vertidos por Payo, el gerente del hospital zonal, porque no están de acuerdo a la ley, estás diciendo cualquier cosa Payo”, resaltó la letrada.
“La denuncia interpuesta por el abogado Rambert Ríos, en representación de la mamá de la criatura, fue por homicidio. No fue por aborto. Según tengo entendido por varios testimonios, la beba nació viva y no le dieron la atención que por derecho le corresponde. A mi criterio, al caso se aplica la figura de homicidio calificado. Lo que sí creo es que esta es una demostración más de que la vara mide muy diferente a hijos y entrenados. Quienes estamos adentro de la Justicia como litigantes sabemos cómo es”, señaló la abogada.
La especialista apuntó directamente contra el gerente del hospital, Santiago Payo y contra Miranda Ruiz, la doctora acusada de practicar el aborto contra la voluntad de la joven. «Quiero aclararle al doctor Payo y a la doctora Miranda Ruiz que la ley 27.610 se llama «de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo», si no hay voluntad, no se aborta”, remarcó.
“El doctor Payo dijo que se continuó con el procedimiento porque había un riesgo a la salud integral de la joven. Eso va contra la ley, Payo, porque si la madre dice «no’, se debe detener el procedimiento. Por eso se llama «voluntaria» la ley, porque se cumple la voluntad de la gestante, no de ustedes. El artículo 4´ dice que las personas gestantes son las que tienen derecho a decidir, no los médicos. Payo dice que ellos decidieron que estaba en riesgo la salud integral de la gestante. La ley no los habilita para eso. Acá actuaron fuera de la ley”, concluyó Sarah Esper.
