SALTA (Redacción) – El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó un desgarrador informe sobre los índices de pobreza y marginalidad social en Argentina, entre los cuales se destacan las condiciones de vida de los niños entre 0 y 17 años. El peor de los datos se presentó en esta franja etaria ya que se informó que el 65% de los niños son pobres.
Si hablar de datos negativos se trata lo peor de todo esto es que estas cifras vienen en aumento desde el 2017, que se ubicaba en un 44% de pobreza de niños y adolescentes. No son únicamente estos datos los que demuestran las pésimas condiciones de vida en las que estamos viviendo. Otro dato alarmante es que el 43,8% de los hogares argentinos se encuentran en situación de pobreza y de estos el 8,8% viven en condiciones de indigencia.
También, el informe de la UCA precisa que, entre el 2010 y el 2021, el 29,6% ha estado en una situación de pobreza crónica y hasta el momento no logró salir de esta situación. Solamente hay un 36,6% que nunca fue pobre. Todos estos datos se incrementaron con la pandemia y quedó en evidencia que las políticas sociales implementadas no alcanzaron para contener el aumento de los índices de desigualdad social y económica.
Asimismo, el 48% de los encuestados manifestó que no le alcanza el ingreso o los ingresos del hogar, el 43,5% indicó que si les alcanza pero que no les sobra nada para destinar al ahorro, mientras que solamente el 8,4% manifestó que sus ingresos sus suficientes para vivir bien y ahorrar. Además se midieron las carencias no materiales en los hogares y en su evaluación se incluye la alimentación y salud, vivienda digna, accesos educativos, acceso a los servicios básicos, a un medioambiente saludable y empleo y seguridad social. Un 66,4% tiene, al menos, una carencia mientras que el 30,6% tiene más de tres.
Conclusiones y revelaciones preocupantes
Visto este panorama, los datos aportados por el Observatorio de la Deuda Social se confirma que «los programas sociales y las asistencias alimentarias no fueron suficientes para compensar el deterioro del bienestar durante el escenario COVID19. La reactivación económica ha producido un aumento en la demanda de empleo, pero se ha registrado una caída del ingreso real».
Por otro lado, se demostró que es necesario modificar las políticas estructurales en beneficio de los emprendedores y pequeños productores. Ya que «los avances segmentados en materia de infraestructura social dan cuenta de problemas socio-económicos acumulativos que requieren de cambios estructurales. Este proceso de segmentación afecta principalmente al sector informal, a los trabajadores de PyMes y a los trabajadores independientes», concluyó el informe.