SALTA (Redacción) – En el marco del proceso judicial iniciado contra la médica Miranda Ruiz por haber realizado un aborto en Tartagal, se llevó a cabo una nueva sesión. En este contexto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI Salta) se presentó como amicus curiae y pidieron el sobreseimiento de la profesional de salud frente al Tribunal de Impugnación.
Cabe recordar que Miranda Ruiz se desempeña como profesional en el hospital Juan Domingo Perón. La mujer está bajo procesamiento judicial después de realizar una interrupción legal del embarazo (ILE), amparado en el marco normativo nacional. El INADI con el fin de poder aclarar y actuar, al mismo tiempo, como parte de la defensa se presentó como amicus curiae para aclarar los acontecimientos. Esta figura permite que un tercero pueda colaborar con la causa.
En otras palabras, esto quiere decir «amigo de la Corte o del tribunal» y así el INADI se presentó en defensa de la médica. Lo hizo desde el Programa Jurídico de Género, Diversidad y Derechos Humanos, a cargo de Analía Mariel Mas, y la abogada María Julieta Delpech, fueron las figuras defensoras. Se encargaron de brindar asistencia en las consultas referentes a anticoncepción y planificación familiar.
La defensa del INADI a la médica Ruiz
En la jornada judicial de ayer, desde el INADI aportaron sus explicaciones sobre el aborto realizado en Tartagal. «Miranda atendió, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa. Todos los pasos realizados constan en la historia clínica«, detallaron desde el órgano público.
Sin embargo, recordaron también, ocurrió que una familiar denunció a Ruiz y desde la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas abrió un expediente. De esta manera, a la médica se la imputó por el supuesto delito de «aborto sin consentimiento». Desde ese momento, la Justicia le denegó dos veces su sobreseimiento en la causa. Ahí es donde interviene el INADI pidiendo que se la sobresea.
No existe delito
A su vez, para el INADI no hay delito alguno ya que el aborto es legal en nuestro país desde diciembre del 2020. «El Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de la Dra. Ruiz», aclararon desde el organismo público. Al mismo tiempo, argumentaron que «se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno. Consideramos que este tipo de proceder por parte de la Justicia vulnera el acceso a derechos como la IVE, obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en nuestro país».
Por último, el INADI finalizó su intervención pidiendo que se cumplan con la legislación al respecto. «El Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo. Y para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional», concluyeron desde la dependencia salteña del organismo nacional.
