SALTA (Redacción) – El INADI volvió a intervenir en un caso ya emblemático de aborto en la provincia. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Impugnación de Salta y reclamó el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz. La misma está imputada luego de ser parte fundamental de la realización de una interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La entidad presidida por Gustavo Farquharson en la provincia reveló detalles de su intervención y defendió a la médica imputada. «Miranda atendió, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa», recordaron desde el INADI.
«Todos los pasos realizados constan en la historia clínica. No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda, y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la médica por el delito de «aborto sin consentimiento’. La Justicia denegó dos veces su sobreseimiento», sentenciaron desde el INADI.
El INADI insitió con que no existe delito alguno en el accionar de la médica Miranda Ruiz. «El Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de la Dra. Ruiz. La conducta de la Dra. Ruiz se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno», resaltaron desde la entidad.
El caso de la polémica
Todo ocurrió en noviembre del año pasado, cuando una joven de 21 años se sometió a un aborto en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Según el relato de la joven, constatado por la fiscalía, se había arrepentido de ser intervenida. Sin embargo, denuncia que no fue escuchada tanto por la médica imputada como por otros especialistas del nosocomio. Finalmente, la joven terminó siendo sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya que transcurría 22 semanas de embarazo y se había excedido el tiempo para realizar la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
