SALTA (Redacción) – Un nuevo escándalo sacude al norte provincial. Es que el intendente de la localidad de Aguas Blancas, Sergio Oliva, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionario. El juez federal Julio Leonardo Bavio lo encontró culpable de abrir un paso ilegal en la frontera.
Los hechos que condenaron a Oliva
Todo sucedió durante abril de 2016. En ese entonces, el personal de la Aduana de Orán, siendo ya casi de noche, observó una retroexcavadora abriendo una calle desde el área urbana de Aguas Blancas hacia la costa del río Bermejo. El hecho fue informado al día siguiente al comandante principal César Miguel Arias, jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería.
Edgardo Enrique Beretta, administrador de la División Aduana de Orán, denunció las obras de la calle lateral ante la Fiscalía Federal de Orán. El titular de esta entidad, como así también Gendarmería, tenían la sospecha que se trataba de la apertura de un paso ilegal que daba un acceso directo hasta el territorio argentino.
Al ser indagado, el intendente de Aguas Blancas negó haber autorizado la apertura de un paso. Sin embargo, aseguró que el trabajo nocturno de las máquinas estaba enfocado en arreglos de una calle. Incluso acusó a la localidad vecina de Bermejo en Bolivia por habilitar pasos irregulares a lo largo de la frontera.
Tras negar continuamente las acusaciones, Sergio Oliva terminó siendo condenado por un testimonio clave. Rolo Rallé, empleado de la Municipalidad de Pichanal que fue afectado por la gestión del exintendente Julio Jalit a las tareas que se denunciaron en abril de 2016 en Aguas Blancas. El mismo reveló que la retroexcavadora pertenecía a la comuna de Pichanal y que fue alquilada por el intendente para abrir el polémico paso ilegal.