El ex intendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, fue condenado a cuatro años de prisión luego de que durante el proceso judicial solicitado por la Fiscalía y por la abogada del municipio lo encontraran culpable por realizar robos de fondos dentro de la comuna durante su gestión entre el año 2015 y 2019.
La condena exige que Soto cumpla su sentencia dentro del Sevicio Penitenciario de Villa las Rosas. Una auditoría fue llevada a cabo dentro del municipio para posteriormente realizarce la denuncia contra el ex jefe comunal. Si bien, el ex funcionario intentó justificar que tenía realizado varios pagos a proveedores y que poseía todos los recibos por este dinero faltante, intentó responsabilizar a un contador que trabajó durante su gestión.
Si bien esta condena podrá ser apelada por la defensa de Soto, ha marcado el comienzo de la lucha contra la corrupción política en la provincia.
¿En qué consiste la causa?
Las investigaciones comenzaron en febrero del 2020, cuando la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicó una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
Según la corroboración oficial, la fiscal Salinas Odorisio explicó que el imputado, mientras cumplía sus funciones como Intendente de la localidad, emitió el 6 de diciembre del 2019 la cantidad de tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $970.000. El mismo cobró esta suma tres días después y no dejó ninguna constancia de su destino ni tampoco rindió cuentas en los libros de la comuna.
Además se encuentra un segundo hecho, en donde el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos que provenían de los programas sociales AIPAS (Asistencia Critica y Pan Casero) por un importe de $14.594.982,93. De estas cifras, Soto sólo rindió $8.716.909,50, quedando un monto sin rendir de $5.878.073,43.
La auditoría de la Comuna exigió un faltante de $7.773.758,89 y que, cuando finalizó el mandato del ex funcionario en el 2019, se registró un informe de cheques rechazados por un valor de $5.397.032,62 y que fueron emitidos durante el día final de su gestión. Desde la Fiscalía determinaron que el monto actualizado debido a costos por inflación, alcanzaría la exorbitante cifra de $100.000.000.