SALTA (Redacción) – El gobierno nacional se vanagloria de hacer el ajuste más grande de la historia. A esto se suma que a través de la Resolución 10/2025 determinaron achicar los gastos e inversiones en el ámbito científico nacional. De este modo, los profesionales sufren un nuevo golpe y abren la puerta para una posible y futura fuga de cerebros.
Según la gestión de Javier Milei todo aquello que consideren que no está «al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país» no contará con financiamiento ni apoyo económico. En este sentido, la prioridad del gobierno libertario son la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento. Todas las demás áreas de investigación quedarán fuera de interés.
Dicha resolución fue firmada por Guillermo Francos otorgando amplias facultades a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. A partir de ahora tiene la potestad y capacidad de exigir devolución de fondos y rescindir convenios. Asimismo, cualquier proyecto que no haya ejecutado más del 30% será eliminado, más allá de su relevancia científica o social.
Ataque a las ciencias sociales en general
Poco sorprende, de acuerdo a los discurso y lo que el presidente decía en plena campaña, este ataque a las ciencias sociales. Las mismas son catalogadas como marxista o algo de izquierda por parte de los libertarios. María Rosa Chachagua, quien es doctora en Comunicación y también investiga en la UNSA; advirtió que esto significa la eliminación de las ciencias sociales en general.
La implicancia directa sobre el sistema científico local es mortal porque la Facultad de Humanidades cuenta actualmente con 60 proyectos de investigaciones. Todo ellos están en ejecución, mientras que 12 pertenecen a la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Al mismo tiempo cuentan con el respaldo de becarios del CONICET y otros organismos relacionados.
En definitiva, esta resolución define como áreas claves la agroindustria, minería y la economía del conocimiento. Asimismo, se recortan fondos a investigaciones que no se ajusten a los criterios del Plan Estratégico 2024–2025. También se le da la potestad a la Secretaría de rescindir convenios y exigir la devolución de fondos. Los que se han ejecutado por debajo del 30% serán eliminados y se espera que el mayor impacto sea sobre las ciencias sociales.
