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Lo que sorprendió en Tartagal: reparación histórica en caso de trata laboral

Tribunales federales homologaron un acuerdo de 36 millones para 18 trabajadores aborígenes de Tartagal tras explotación laboral comparable a la esclavitud; el imputado realizará tareas comunitarias además de la compensación.

Un grave caso de trata laboral en la localidad de Tartagal terminó con una de las reparaciones económicas más altas registradas en el norte argentino. Las víctimas, 18 trabajadores aborígenes captados con promesas falsas, fueron sometidos a condiciones inhumanas. Ahora, recibirán más de dos millones de pesos cada uno, según lo homologado por la Justicia Federal.

El 23 de junio, el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas homologó un acuerdo que incluye el pago de 36 millones de pesos más un ajuste por inflación de 500 mil, a repartir en partes iguales. Cada víctima recibirá más de dos millones de pesos en pagos escalonados durante 90 días. Además, el imputado, Jesús Isauro Erazo, deberá realizar tareas comunitarias en un hogar de ancianos.

La fiscal Orsetti, junto con el defensor Nicolás Escandar, explicó que el acuerdo fue tramitado según el artículo 59 inciso 6 del Código Penal y que cuenta con aval total. Escandar subrayó que la medida no representa impunidad y que el proceso penal se reactivará si hay incumplimiento.


Un escape en plena noche y el rescate federal

La trata laboral, en este caso, involucró captación engañosa, traslados en vehículos precarios y condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. Las víctimas fueron alojadas bajo plásticos, con temperaturas extremas, sin acceso a agua potable ni a alimentos suficientes.

El 18 de diciembre, tres víctimas escaparon y caminaron durante horas para pedir auxilio. Ese mismo día, una denuncia al 145, línea del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, activó el operativo. Gendarmería Nacional rescató al grupo tras constatar 40 días de servidumbre.

El informe psicológico oficial señaló que las víctimas ya presentaban una situación de vulnerabilidad estructural, sin acceso a derechos básicos como salud, educación o vivienda. La fiscal consideró que una demanda civil sería “infructuosa”, y por eso se eligió esta solución inmediata y efectiva, en línea con el Protocolo de Palermo.

El juez avaló la propuesta pero exigió un componente comunitario. Por ello, Erazo realizará tareas semanales en un hogar de ancianos por seis meses. Las partes coincidieron en que el acuerdo es razonable, proporcional y aporta una reparación concreta y rápida.

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