SALTA (Redacción) – Durante los últimos dos meses, el Gobierno provincial dispuso que el personal sanitario fuera uno de los primeros sectores en percibir sus haberes. Sin embargo, los trabajadores de la salud denunciaron descuentos salarios en medio de la pandemia. Además, buena parte aseguró que tampoco les otorgaron sus correspondientes recibos de sueldo. En tanto, adelantaron que la próxima semana mantendrán una reunión con ministra de Salud Pública, Josefina Medrano.
De acuerdo a lo que consigna Salta 12, los representantes gremiales mencionaron que estas irregularidades alcanzaron a los empleados de varias instituciones provinciales. En primer lugar, indicaron que los trabajadores del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes descubrieron que habían padecido una importante quita en sus sueldos. Incluso, apuntaron que varias personas poseían el 50% del dinero que debían abonarles.
Al mismo tiempo, señalaron que esta situación aconteció en la localidad de Cafayate. En tanto, se conoció que la mayor tensión entre manifestaron que el conflicto en Orán con el personal del Hospital San Vicente de Paul se volvió aún más fuerte. Allí, los empleados sostuvieron que la Provincia todavía no les entró sus respectivos recibos. Además, enfatizaron que buscan acceder a estos documentos, a fin de conocer en qué categorías se realizaron los descuentos.
Crisis en la salud
Sin embargo, el secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, sostuvo que la disminución en los haberes no representa un descuento. Ante ello, aclaró que en el sueldo de marzo se había incluido un pago retroactivo del 8%. Posteriormente, aludió que la presunta quita económica está representada por la omisión de este ítem. Frente a esta explicación, otros profesionales confesaron que sufrieron descuentos mayores a este momento. «Me descontaron como 30 mil pesos, y yo gano menos de 90 mil», exclamó el médico Horacio Mdalel, quien se desempeña en General Güemes.
Según publica la agencia de noticias DDN, los profesionales del nosocomio de Cafayate también se quejaron por la provisión de equipos de protección personal (EPP). Dado que estos elementos fueron elaborados por las propias instituciones o donados, afirmaron que desconocen si son aptos para eventualmente atender casos de COVID-19. Sin embargo, lo que despertó el malestar del personal fue la respuesta que obtuvieron de los responsables del sanatorio. «Les dijeron que los que desconfiaban podían ponerse una bolsa de residuo bajo el camisolín», aseguraron.
