SALTA (Redacción) – Nuevamente recrudeció el conflicto en Tránsito. Mientras el Ejecutivo comunal sigue buscando bajar el tono de la confrontación, los trabajadores del área aseguraron que cada semana surgen nuevos inconvenientes. En esta oportunidad, denunciaron que la Policía Vial aún no puede cobrar multas. Además, Sergio Rodríguez y Molina apuntó contra los funcionarios municipales, debido a que no ha atendido sus reclamos.
En diálogo exclusivo con SALTA4400, Rodríguez y Molina comentó que el convenio entre la Municipalidad de Salta y la Policía de la Provincia «no está homologado». Por este motivo, aseguró que los efectivos «hoy no están facultados para hacer actas de infracción, dentro de capital». «En rutas nacionales y provinciales sí, pero dentro de ciudad no están autorizados», agregó. A raíz de ello, le aconsejó a la ciudadanos que «si la Policía Vial le hace una infracción, los denuncien».
Conflicto en Tránsito
En relación a las negociaciones con el Ejecutivo local, el referente del sector mencionó ayer mantuvieron una reunión con el Procurador General de la Municipalidad, Ramiro Angulo. «Ellos quieren que los inspectores salgan conjuntamente con la Policía, Estamos de acuerdo que vengan a colaborar con Tránsito, pero del centro nos dicen que no tenían personal suficiente para mandar», advirtió. Respecto a la futura mecánica laboral, mencionó que «la gente de Transito va a salir con el talonario y el policía va a firmar como testigo». Sin embargo, remarcó que todavía no pueden iniciar esta modalidad porque «no hay un convenio».
Asimismo, Rodriguez y Molina enfatizó que los empleados del área «quieren salir a trabajar». No obstante, exclamó que «el problema es que el municipio todavía no ha arreglado la situación con la Provincia, entonces Tránsito tiene que estar parado». Incluso, contó que también conversaron sobre esta situación con el secretario de Movilidad Urbana de Salta, Gilberto Pereyra. «Cuando le mostramos que se retractaba todo por medio del Ministerio de Trabajo, dijo que ese papel para mí no tiene validez. ¿Cómo un funcionario público puede ignorar una orden del ministerio? Me parece algo fatal», afirmó indignado.
«Vemos que hay una mala intención en esto, de privatizar o tercerizar el transito», consideró el dirigente. «Si no se cumple la Carta Orgánica, no se cumple el trabajo. No entiendo qué quiere hacer la Intendenta Bettina Romero. Que la comunidad entienda que esto es un engaño, que nos han hecho quedar para el suelo», arremetió. Respecto a la continuidad de la medida, adelantó que en caso de que no cambie el panorama «mañana vamos a tomar una decisión todos los compañeros y vamos a salir a trabajar con el talonario en la mano».
