SALTA (Redacción) – La pandemia de Coronavirus nos enseñó a pensar en la solidaridad como el remedio para una buena parte de los males. Por este mismo motivo, la ambición también quedó expuesta en los siderales sueldos que caracterizan al bolsillo de los funcionarios y que hoy es motivo de disputa constante. En este marco, legisladores pedirán poner un tope a los salarios de los mismos.
Con el apoyo del oficialismo, en la Cámara de Diputados podría recibir media sanción un proyecto de ley que establece límites para los salarios de algunos funcionarios. De acuerdo a lo establecido en el proyecto, la remuneración mensual de los directivos de reparticiones centralizadas o descentralizadas, entidades autárquicas y sociedades del Estado no puede superar el sueldo del Gobernador, Gustavo Sáenz.
En este sentido, el diputado Germán Rallé indicó que “no puede haber sueldos que dobleguen al del Gobernador”. Haciendo alusión a los directivos de los diferentes estratos estatales expuso su indignación por la suma que representa al salario de estos referentes. Precisamente, argumentó que estos funcionarios no tienen las mismas responsabilidades que el mandatario provincial.
Las empresas millonarias y «deficitarias» en la mira
Asimismo, el diputado en cuestión sostuvo además que algunos de estos salarios “elevados” se pagan en empresas deficitarias. Cabe recordar la polémica en torno a EDESA y ahora lo mismo sucede con Aguas del Norte. “Una empresa con grandes problemas económicos”, subrayó Rallé. Finalmente, aclaró que sus directores cobran más que el Gobernador” lo cual consideran que “no es justo”.
Cabe recordar que los diputados también fueron parte de la misma tormenta. Si bien algunos de los referentes de la Cámara de Diputados vieron con malos ojos la prórroga del congelamiento de sus sueldos, finalmente esta medida se aprobó como una iniciativa solidaria para hacerle frente a la pandemia de Coronavirus. De esta manera, los sueldos se congelaron durante 180 días más.
En los considerandos del instrumento se reitera que la grave situación económica y social que atraviesa el país amerita que todos los poderes del Estado transiten el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad. Agrega que para ello resulta necesario adoptar las medidas tendientes a la reducción del gasto público.
