SALTA (Redacción) – La necesidad de que la población permanezca en sus hogares para evitar la proliferación de la pandemia trajo lamentables efectos colaterales. Por una parte, se evidenció un incremento en la cantidad de episodios de violencia de género y violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, las autoridades de la Provincia reconocieron que también preocupa el aumento de denuncias por grooming y ciberdelitos sexuales en Salta.
Precisamente, los responsables del Ministerio Público Fiscal se encargaron de difundir esta información. Al respecto, indicaron que únicamente se incluyeron las causas penales que se iniciaron desde el pasado viernes 20 de marzo. Asimismo, mencionaron que estos procesos procesos están ingresados dentro del Sistema de Denuncias del organismo. Justamente, aludieron que esta dependencia recopila el trabajo de todas las fiscalías salteñas.
Ciberdelitos
De esta manera, señalaron que hasta ayer se acumularon 178 denuncias por diversos delitos informáticos de contenido sexual a lo largo de todo el territorio provincial. En esa línea, sostuvieron que 17 de estas presentaciones están vinculadas a situaciones de grooming. Además, comentaron que 13 episodios se reportaron en el Distrito Judicial del Centro. En tanto, añadieron que hay tres causas en la sede de Tartagal y una en la de Orán.
Igualmente, desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron que esta cantidad es más baja que la se había computado a la misma altura del año pasado. En ese momento, agregaron que habían 25 casos que ciberacoso a menores de edad. Sin embargo, enfatizaron que el el Grooming es un delito penal que contempla penas de cárcel. Al respecto, sostuvieron que Ley N° 26.904 y el artículo N° 131 del Código Penal contemplan condenadas de entre seis y cuatro años de prisión.
Concretamente, manifestaron que esta clase de ciberdelitos se perpetra a través de «comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos». Además, los especialistas consignaron que se considera grooming a las situaciones en las que un adulto establezca contactos con «una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma».
