SALTA (Redacción) – Las autoridades locales de ANSES ayer confirmaron que denunciarán a los políticos que hayan tramitado el monto extraordinario de 10 mil pesos. En tanto, adelantaron que la situación penal de estos dirigentes afrontará nuevas complicaciones. Precisamente, ratificaron que la Justicia investigará a los funcionarios salteños que estén anotados en el IFE. Agregaron que la indagación estará basada en las denuncias periodísticas que trascendieron durante las últimas jornadas.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta brindaron precisiones sobre cómo se llevará adelante este nuevo proceso. En primera instancia, indicaron que la investigación estará a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke. Asimismo, mencionaron que la funcionaria pública ordenó el inicio de esta causa de oficio, a fin de determinar la veracidad de la notitia criminis.
De esta manera, la fiscal penal intentará corroborar si los funcionarios provinciales señalados por el periodismo cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para ello, se valió de las facultades inscriptas en el artículo 241 del Código Procesal Penal de Salta, que le permiten empezar a indagar de oficio. Ante ello, aclaró que «conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho».
IFE
Asimismo, Simesen de Bielke hizo referencia a las marco normativo que el Ejecutivo nacional dispuso en relación a esta herramienta de asistencia económica. En ese sentido, destacó que únicamente los trabajadores y monotributistas de entre 18 y 65 años podían tramitar esta ayuda ante ANSES. Además, remarcó que el IFE solamente está al alcance de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad a causa de la pandemia.
En este marco, la fiscal penal subrayó que el Gobierno nacional había impuesto una serie de excepciones a este régimen. De esta manera, sostuvo que los beneficiarios o sus familiares no debían contar con un empleo en relación de dependencia que otorgara ingresos mensuales en este contexto. Precisamente, en este punto se encuentran contemplados los funcionarios públicos provinciales. Finalmente, Simesen de Bielke no se pronunció acerca de los concejales o los trabajadores administrativos que gestionaron este ingreso.
