SALTA (Redacción) – Actualmente, Jujuy es una de las provincias argentinas más afectadas por el coronavirus. El aumento de casos provocó que el sistema sanitario quede al bordo del colapso, provocando una gran crisis en distintas localidades jujeñas. En este marco, el gobernador Gerardo Morales, derogó un polémico decreto que implicaba duras sanciones al personal de la salud por no asistir a trabajar.
Dicha medida no fue bien recibida por parte de la sociedad y muchos sectores apuntaron contra el mandatario provincial por esta decisión. Ante el repudio generalizado, este jueves decidió derogar el decreto que instituía insólitas penalidades para el personal de la salud. Se trata de sumas exorbitantes que rondaban entre los 40 mil y hasta 1 millón de pesos.
El decreto contemplaba a todos los profesionales que no cumplían con sus obligaciones laborales durante la pandemia. Es decir, quienes no concurran a trabajar o aquellos que que incumplan con reasignaciones de tareas, reubicamientos y traslados dictaminados por el Ministerio de Salud de la provincia del norte argentino.
Repudio generalizado
El repudio por parte de la sociedad ante este insólito decreto no se hizo esperar. A tan solo momentos de haberlo anunciado, explotaron las redes sociales y salieron comunicados oficiales de los distintos gremios de salud provinciales y privados. «Pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia», manifestaron.
En ese sentido, todos los profesionales calificaron de «inconstitucional» a esta nueva normativa y solicitaron a Gerardo Morales su inmediata derogación. Según explicaron, «va en contra de toda norma legal y atenta contra los derechos de cualquier ciudadano». Entre los sectores que salieron al cruce de esta decisión, estuvieron: Cicop, la CTA, Apuap, el Colegio Médico, etc.
