SALTA (Redacción) – En las últimas horas se destapó nuevamente la polémica que pesa sobre la Asociación Docente Provincial. En este marco, el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a cuatro personas que formaban parte de ADP. Administración fraudulenta y estafas reiteradas son los cargos que se le imputaron a Patricia Argañaraz.
Precisamente, Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo están imputadas por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.
El fiscal Flores verificó, prima facie, que las imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera de la Asociación Docente Provincial – Salta, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio. Sin embargo, al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del “Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”.
Por su parte, Raúl Dante Argañaraz –hermano de la primera nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad. Luego, fue fiduciario. Mientras tanto, Nicolás Demetrio Zissi, actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro del gremio. A su vez era mandatario con poder especial y estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.
Los intereses personales en desmedro de la representación gremial
La fiscal entiende que realizaron intencionalmente -y colaboraron para que se realicen- actos tendientes a perjudicar los intereses; intereses que les fueron confiados en el marco de la representación gremial. Para ello, violaron los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la Secretaria General y Tesorera, distrayendo dinero y bienes de la institución.
Además, se permitía a sabiendas el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de una entidad de índole comercial, ajena al gremio. Así, entre otras maniobras, la ex Secretaria General realizó gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de la Asociación Docente Provincial hacia el fideicomiso privado. El mismo estaba denominado como Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, sin abonar suma alguna.
Falta de documentos y balances que no cierran
A su vez, en los Estados Contables de la ADP al 30/06/2018, se detectaron numerosas fallas en el control interno. “Las rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria que valide la existencia y origen del gasto. De hecho, era habitual la registración de salidas de dinero sin aplicación contable precisa y concreta”, señalaron. Precisamente, en los registros de los movimientos de caja, se detectaron importantes inconsistencias en la continuidad de los movimientos diarios. Además se detectaron importantes diferencias de dinero entre el saldo de caja y efectivo existente.
También se constató la “inexistencia de conciliaciones bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la institución, pagos indocumentados a través de transferencias además de la emisión y cobranza de cheques de caja». De hecho, estos no fueron registrados como ingreso de fondos en las cajas en el departamento contable”. Otro informe contable de abril de 2019, tuvo observaciones sobre el mal manejo y administración, la falta de autorizaciones, y el manejo independiente de cada área. Sin ir más lejos, se cita el caso de que para limpieza de baños de un día, facturaban $45.000, sin control alguno.
Declaraciones paralelas
Declaraciones testimoniales de especialista contables aportaron su perspectiva sobre el fideicomiso. “El plan de negocio era inviable, estaba creado por Patricia Argañaraz con María Cerezo para construir casas para los docentes. Ellas eran las fiduciarias, el hermano de Patricia, era apoderado del fideicomiso y lo manejaba”, explicaron. “Aunque no tenía las aptitudes o conocimientos para el manejo de un negocio de tal magnitud”, advirtieron.
Citaron como ejemplo que el contrato con la empresa constructora se actualizaba con el índice CAC Cámara Argentina de la Construcción. Mientras tanto, la cuota del docente se actualizaba por el índice de variación del salario docente-paritarias. Entienden que esto producía un desfajase entre lo recaudado y lo gastado, lo que hacía menos viable al proyecto. Además, cada vez requería más asistencia de la ADP, a lo que la tesorera le giraba fondos constantemente para cubrir el déficit del fideicomiso.
En principio fue un fideicomiso privado, sin vínculo con la ADP. Precisamente, el propio estudio Jurídico del gremio dijo que no era viable ni legal ni económicamente. Ante esta situación y “después de las peleas que tuvieron Argañaraz y Cerezo, la última renunció al fideicomiso”. Por ello, se disolvió la administración del fideicomiso, se relevó a Raúl Argañaraz del cargo y se paralizaron las obras y el cobro de las cuotas.
La única operación económica del fideicomiso era la construcción de 23 viviendas, que tenían 110 aportantes al proyecto y ya llevaba una demora de 2 años. Sin embargo, no hubo ninguna terminada, ni alcanzaba la plata recaudada para pagar avances de obra.
La situación patrimonial interna
Respecto al estado de situación patrimonial correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2018, se informó sobre un préstamo otorgado al Fideicomiso V Urqupiña por $3.900.000. Según los testimonios “era plata que derivaba la ADP al fideicomiso, con transferencias entre cuentas o retiros de efectivo de Raúl Argañaraz de la cuenta de ADP o directamente la ADP transfería a la constructora el dinero”.
La ADP se nutre de cuotas de los docentes, ingresos de hostales y camping y de la farmacia. “El fideicomiso tenía ingreso de las cuotas que pagaban los docentes según el tamaño de la casa que había elegido”, señalaron. De los informes bancarios surgió que el Fideicomiso recibió fondos desde la cuenta de ADP desde el 23 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2018. Esto lo hizo por una suma de $5.997.400, a pesar de que sólo existió autorización para dos transferencias, por $1.400.000 y $2.500.000.
También se registraron transferencias desde la cuenta bancaria del fideicomiso Virgen de Urkupiña I a la empresa constructora CEYBA. Ésta última no tenía la obligación contractual de realizar una obra de esas características, conforme surge del contenido del contrato firmado. Asimismo, el fiscal sumó en su decreto de imputación que se observaron “transferencias de dinero de los afiliados a una entidad privada ajena, por fuera del régimen legal previsto en su conformación”
Tanto es así que se utilizaron oficinas y servicios de empleados de la ADP o afectados al gremio, para realizar tareas del Fideicomiso, pero pagando sus sueldos con dinero de la ADP. Así fue, inclusive, en el caso de una mujer que desempeñaba tareas de trabajadora doméstica en el domicilio particular de Patricia Argañaraz.
Sobre las estafas reiteradas
Sobre el delito de Estafas Reiteradas (22 hechos) en concurso real, el fiscal imputó a Argañaraz y Cerezo como coautoras. “Porque en connivencia dolosa y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilegítimo, procedieron a dar apariencia de legalidad al negocio jurídico Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, denunciaron.
Esto se concretó a pesar de conocer la inviabilidad legal y económica del proyecto; vinculando su realización a la asociación gremial en la que ejercían funciones y publicitándolo entre los asociados. El principal fin fue que se adhirieran personas en calidad de fiduciantes. Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego abonando cuotas, accederían a una vivienda en alguno de los loteos que se efectuarían en inmuebles claramente individualizados. Se trataba del loteo denominado Aires de los Andes y un inmueble de Cerrillos.
Además, los imputados percibieron dinero, por medio de transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo, de varios de los afiliados del gremio. Los mismos se constituyeron en fiduciantes CLASE B (en su mayoría docentes y jubiladas). Las mismas depositaron un monto al firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente y otros en concepto de cuotas. Esto lo hicieron, confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la construcción de una vivienda que se iba a edificar.
Sin rendición de cuentas y en perjuicio del patrimonio de las víctimas
Ante los reclamos y pedidos de rendición de cuentas de los damnificados, ni Patricia Argañaraz ni Ana María Cerezo y tampoco Raúl Dante Argañaraz, dieron cuenta de su actuar, ni del manejo, administración o disposición de fondos. Tampoco presentaron el estado contable financiero del Fideicomiso, aunque estaban obligados en función del cargo que revestían.
Consta también que Raúl Argañaraz convocó en 2017 a personas afiliadas a la ADP y ofreció un plan de vivienda para quien quisiera adherirse voluntariamente. Es decir, en razón de la solvencia y el prestigio de la institución (ADP) y simulando que la entidad avalaba el negocio jurídico por ellos armado, indujo a las víctimas a efectuar disposiciones de dinero con un desplazamiento patrimonial que de otra manera no hubieran efectuado.
Con ese accionar, Patricia Argañaraz, Ana María Cerezo y Raúl Dante Argañaraz, causaron un grave daño y perjuicio en el patrimonio de las víctimas. El fiscal Leandro Flores no descartó una eventual ampliación de la imputación, en orden al análisis de los contenidos de la denuncia. También se considerarán las declaraciones testimoniales y de otros elementos que puedan sumarse durante la investigación.
