SALTA (Redacción) – El escándalo alrededor del IFE en Salta continúa generando más repercusiones judiciales que involucran a diferentes políticos. En la tarde del jueves, el fiscal federal Ricardo Toranzos formalizó la tercera acusación a varios concejales y funcionarios públicos por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia. La audiencia fue celebrada ante el juez federal de Garantías 1 y los embargos van desde los 20.000 pesos hasta los 60 mil.
Durante la instancia judicial, el fiscal titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, presentó varias pruebas y solicito la formalización de la investigación penal en contra varios concejales. Entre ellos, Antonio Omar Benítez, de Colonia Santa Rosa; Héctor Sebastián Cari, de Guachipas; Daniel Ignacio Casimiro, de La Poma; Mónica Visitación Juárez, de Rivadavia Banda Sur; José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo; Ariel Santos Palma, de Rivadavia Banda Norte; y Julio Pedro Laxi, de Animaba.
Sobre la determinación, el funcionario judicial señaló la importancia del beneficio que dictó el Gobierno nacional. De esta manera, apuntó que el IFE estaba destinado a paliar la crisis económica de millones de personas por la pandemia. Además, se refirió que el otorgamiento del bono de 10.000 peos que estuvo en manos de la ANSES. Y cuyo organismo nacional brindó toda la información respecto a la situación de cada uno de los acusados salteños.
Los detalles de la imputación y los embargos
Luego, durante la audiencia Toranzo apuntó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también colaboró con datos claves. Los cuales permitieron conformar una «base probatoria» para adjudicarle a los ediles imputados la calificación penal provisoria. En este sentido, los delitos son por «defraudación a la administración pública» e «incumplimiento de deberes de funcionario público». Mientras tanto, las distintas defensas de los acusados pidieron un plazo mayor de investigación al propuesto por la fiscalía, de 40 días.
En otro aspecto podemos detallar que cuestionaron el pedido de embargo requerido por el fiscal de 60 mil pesos. Allí Toranzos pidió el compromiso de los concejales de no entorpecer la investigación. Del mismo modo, solicitó la presentación cada 15 días en la dependencia policial más cercana y la prohibición de salir del país. Por su parte, el juez fijó el plazo de investigación en 90 días. Y sobre el embargo, Bavio decidió que los 60 mil pesos se apliquen a los que cobraron el beneficio, en este caso Cari y Juárez. Para el resto serán 20 mil pesos.
