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SOCIEDAD

Imputaron a tres funcionarios del PAMI de Salta por cobro indebido del IFE

La Fiscalía de la Nación dio a conocer las imputaciones el día de hoy.

IFE

SALTA (Redacción) – La fiscalía de la Nación dio a conocer la imputación de tres funcionarios del PAMI de Salta por el cobro del IFE. Se trata de imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. En esta causa están implicados Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta.

Las actuaciones de esta causa iniciaron en el mes de agosto luego de que, mediante un informe, se conozcan irregularidades en el IFE que involucraban a políticos y funcionarios públicos. Cabe recordar que esta acusación penal en contra de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se formalizó el 26 de agosto.

Avance de la investigación

La imputación del día de hoy involucra a tres personas que cumplían funciones de gerencia operativas en dependencias del PAMI de Salta, en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación. «Existían sospechas que daban cuenta de que habría 13 funcionarios del PAMI que habrían cobrado indebidamente este beneficio», explicó la Fiscalía. Sin embargo, luego de exhaustivas investigaciones, determinaron que solo tres estuvieron involucrados en esto.

Según informaron, Viviana Beatriz Fernández cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo. Por su parte, Emilia Juárez también cobró el beneficio en dos oportunidades, al igual que el último imputado, Javier Navarreta. Por este motivo, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos del orden nacional.

Pruebas

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó diversas pruebas, entre ellas informes de la AFIP respecto a la situación de los acusados como empleados del PAMI. También se incluyeron cuentas bancarias y los montos percibidos durante el tiempo que cobraron el IFE. Con respecto al plazo de la investigación, solicitaron 40 días hábiles para seguir con las actuaciones. Además, se requirió que los investigados se presenten cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana como compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país.

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