SALTA (Redacción) – Este miércoles la Mesa de Derechos Humanos de Salta realizó un encuentro para plantear «la urgencia» de que el Gobierno concrete el Comité contra la tortura. «Hubo promesas pero no acciones que se correspondan con ellas», acusaron a los funcionarios de la Provincia. Además, castigaron duramente al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. «Defensor corporativo de policías acusados de torturadores y gatillo fácil», lo describieron.
De este modo, las organizaciones que integran la mesa exigieron nuevamente las designaciones para el “Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En este sentido recordaron que la ley se sancionó en julio de 2017 y la reglamentaron en 2018. Y señalaron que con este organismo se busca «impedir los actos de tortura». «Tipificarlos como delitos en su legislación penal y castigar esos delitos con penas adecuadas a investigar pronto y de forma imparcial todo supuesto acto de tortura», agregaron.
«Promesas pero no acciones»
Luego, recordaron que durante el 2020, el ministro Ricardo Villada informó que «se realizaron los trámites administrativos vinculados a designaciones y al presupuesto». Además, apuntaron que «manifestó el ‘acompañamiento’ del Ministerio e ‘instó’ a los miembros del Comité a diseñar una planificación de trabajo y todo lo referido a la organización interna».
También aseguraron que se manifestó a favor la Secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes. «Es imprescindible sobre todo en el contexto actual. Por lo que acompañará y facilitará instancias para concretar su funcionamiento de manera efectiva», habría expresado la funcionaria.
«Que el Comité contra la tortura no funcione, se corresponde con la política de negación de los Derechos Humanos que el gobierno de la Provincia de Salta lleva adelante», acusaron desde la Mesa. «Explica el por qué de las trabas y dilaciones del gobierno de Salta para oficializarlo mediante un decreto y dotarlo del presupuesto necesario y lugar de funcionamiento», lamentaron.
Pulleiro: «militar, negacionista y defensor del gatillo fácil»
Por otra parte, castigaron al ministro Pulleiro: «También se relaciona con su política de Seguridad y la designación como Ministro de Seguridad del ex-comandante de la 5ta.Brigada de montaña Juan Manuel Pulleiro. Que estando en actividad, fue colaborador del actual gobernador Gustavo Sáenz cuando fue intendente de la ciudad». «Militar negacionista del pasado reciente, reivindicando el terrorismo de estado», advirtieron.
Sin quedarse en estas afirmaciones castigaron al funcionario: «En la actualidad defensor corporativo de policías acusados de torturadores y gatillo fácil». Y en ese sentido repasaron: «Entre enero y mayo de este año se produjeron 900 denuncias por abuso policiales (vejámenes, abusos, allanamientos ilegales, torturas, etc.). Según informa la Fiscalía de Derechos Humanos», lamentaron.
Y del mismo modo remarcaron: «El inconstitucional decreto 255 (ahora derogado) que dió amplias facultades a la policía. Los casos de gatillo fácil, las lesiones causadas a personas en medio de supuestos enfrentamientos o «resistencia a la autoridad». La represión a las movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados. A los que piden pan, techo y trabajo, a los colectivos feministas y disidentes, pueblos originarios, dan cuenta de ello».
Los detalles del Comité y sus funciones
«¿Cuáles son las funciones del Comité? Garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles. Tiene amplias facultades para la realización de inspecciones a cualquier lugar de detención. Y solicitar, recopilar y sistematizar información», detallaron sobre el organismo.
«El Comité puede y debe poner coto a la represión y a la violencia policial evitando el mal accionar de las fuerzas de seguridad. En las cárceles y en otros lugares de encierro», agregaron. «Para ello como establece el artículo 6, tendrá independencia funcional y autarquía financiera. A cuyos fines se proveerá de los recursos específicos para la consecución de los objetivos del Protocolo Facultatorio del mismo», concluyeron.
