SALTA (Redacción) – Esta tarde, el Senado de la Nación llamó a una sesión extraordinaria. Entre las iniciativas a debatir, el cuerpo convirtió en ley el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta normativa le garantiza a integrantes de este colectivo, un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes.
También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de trasvesticidio, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones. Luego de que se diera lectura del resultado de la votación, hubo abrazos de festejo en los palcos.
El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo. Ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado. «Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero. Estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde. Derechos humanos, de eso estamos hablando», expresó la senadora pampeana Norma Durango.
Entre los beneficios que estipula la ley para estas personas pertenecientes a este colectivo, se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa. Se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios. A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses en caso de contratar personal de este colectivo.
La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio. Además no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral.
