SALTA (Redacción) – El ex intendente de Angastaco y actual diputado provincial, Eduardo Ramón Díaz, terminó imputado junto a su esposa por peculado. El 6 de junio de 2020, la Auditoría General de la Provincia presentó una denuncia en la que señalaban irregularidades del manejo de los fondos del municipio. Entre varios delitos, aseguran que la pareja no instrumentó un contrato de concesión para la explotación de la hostería del distrito.
Cabe precisar que la Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al exintendente en carácter de autor. Y a la esposa Alicia Elvira Ríos, como «partícipe necesaria». La imputación se dio luego de una extensa investigación. La cual le permitió a la funcionaria reunir las pruebas del ilícito de peculado que se denunció el 6 de junio de 2020. Las acciones judiciales las había comenzado el presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris.
Irregularidades en la Hostería Municipal
«La hostería municipal era administrada desde diciembre de 2017 por Alicia Ríos, esposa del intendente Díaz. Quien además fue designada Secretaria de Acción Social», apuntó el informe del caso. Además, desde el Ministerio Público Fiscal agregaron otros actos ilícitos que se detectaron: «El DEM no instrumentó un Contrato de Concesión para la explotación de la Hostería. El responsable de cobranzas y recepcionista de la Hostería no se encontraba registrado como planta de personal de la Hostería».
«Alicia Ríos empleaba una cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes mediante la página de Booking», agrega en detalle el MPF. En tanto, señalaron que la investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos llevó a obtener pruebas de lo denunciado por la Auditoria.
Entre otras, se constató que la mujer del Intendente cobraba por el hospedaje que ofrecía la Hostería de dos formas. La primera en efectivo, que realizaban los huéspedes en la misma Hostería al personal que allí trabajaba. Y la segunda a través de tarjetas de crédito mediante una cuenta de Mercado Pago que se encuentra a nombre de Alicia Ríos. Esto último sin que nunca rindiera, ni le fuera requerido, lo debido a la Municipalidad.
Pena de hasta diez años
Finalmente, desde el Ministerio Públic detalló que el delito de peculado se encuentra entre los delitos contra la administración pública. Prevé prisión entre dos a diez años y una inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público involucrado. «Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”, completaron.
