SALTA (Redacción) – La fiscala penal 3 de Orán, Mónica Araceli Viazzi, imputó a una mujer de 60 años por la comisión del delito de «usurpación de propiedad». «Por abuso de confianza, clandestinidad y violencia, en calidad de autora», detalló el Ministerio Público Fiscal sobre un insólito hecho que sucedió en Aguas Blancas. En tanto, la acusada concurrió a la audiencia de imputación con defensa particular pero abstuvo de declarar sobre el caso.
De esta manera, según denunció el propietario de la vivienda usurpada, vivió en el lugar hasta el año 2006. Pero luego autorizó a la mujer imputada para que viva en este inmueble ubicado en la localidad de Aguas Blancas. Esta decisión se debía a que «por razones de trabajo», el hombre denunciante debió trasladarse a Mendoza frecuentemente. «Regresaba cada tres meses a habitarlo y realizar trámites», apuntaron las autoridades sobre la víctima.
Un discapacitado echado de su propia casa en Aguas Blancas
En tanto, el 2 de agosto pasado la denunciada, junto a otros ocupantes de la vivienda en Aguas Blancas, echó del inmueble al dueño legítimo. «Y ejerció violencia cuando la familia de la víctima quiso ingresar al lugar», agregó el informe del polémico caso. De la misma manera, la fiscal del caso señaló que la denunciada «vive junto a diez familiares» y que «carece de documentación que acredite posesión de la vivienda».
Por lo tanto, la funcionaria remarcó que «carece de derecho alguno a permanecer en ella». «El denunciante es el legítimo propietario del inmueble, según surge de cédula parcelaria y escritura pública», detalló el reporte de la Fiscalía. «De todo ello, se desprendió que la intrusa ingresó al inmueble de forma lícita por comodato (acuerdo verbal entre las partes). Y cuya ocupación se prolongó más allá del tiempo, una vez intimada a su restitución, en abril pasado», explicaron respecto a la imputación.
Al mismo tiempo, remarcaron que estos hechos se corroboraron mediante las declaraciones testimoniales de dos personas. «Una de ellas, el anterior propietario del inmueble y que lo vendió a la víctima en 1995», reveló el Ministerio Público. Por último, un dato no menor es que la víctima ratificó denuncia el pasado 16 de septiembre. «Padece serios problemas de salud y una discapacidad. Razón por la que debió retornar a vivir a su vivienda, de la cual fue violentamente desalojado», concluyeron.
