SALTA (Redacción) – Tras intensas investigaciones, se pudo detectar y detener a una pareja que fueron imputados por el delito de tratas de personas con el fin de explotar sexualmente a una joven con retraso madurativo. Según la investigación, fueron más de 7 años en el cual la victima tuvo que padecer esta cruda realidad. El Ministerio Público Fiscal dispuso la prisión preventiva de los acusados.
La investigación se había iniciado a través de la denuncia realizada por un cliente de los servicios sexuales, quien estuvo con la victima y reveló que padecía una discapacidad. El mismo se puso a indagar sobre la realidad de la joven victima hasta que logró reconocer que esta niña era explotada por una mujer que le decían «la madrina» y la sometía a que trabaje sexualmente.
El cliente fue a hacer la denuncia sobre trata de personas al Polo Integral de la Mujer, que es el organismo provincial que atiende a las mujeres. De aquí se remitió el caso a la Unidad Fiscal de Salta. Roxana Gual, encargada de seguir el caso, detalló que «la denuncia se hizo el 29 de junio pasado, lo que motivó no sólo el inicio de las actuaciones penales del caso, sino también una serie de medidas de asistencia y contención hacia la víctima, lo que se articuló junto al Polo de la Mujer, la Defensoría General de la Víctima y la Unidad Fiscal Salta».
La investigación judicial y el relato de los hechos
Con respecto al hecho, Gual explicó que a la joven la obligaban a realizar servicios sexuales a los clientes, quienes contrataban el servicio a través de los acusados, que difundían y «vendían a la joven» por internet en una página de encuentros sexuales. Según lo que se pudo saber, se especula que esto viene desde el año 2013 y podría a extenderse un poco más atrás en el tiempo, ya que el estado de vulnerabilidad de la victima es avanzado. Esta situación fue aprovechada por los acusados.
La fiscal esclareció además que la joven era traslada a hoteles donde se llevaban a cabo los encuentros sexuales. Al mismo tiempo, la victima era controlada por llamados telefónicos y se sabe también que hasta era trasladada a Bolivia para «ofrecer» sus servicios, en donde también sufría explotación sexual.
Se dictó la prisión preventiva ante la duda y peligro de fuga, sumado la gravedad del caso, la naturaleza de los hechos y la posibilidad de entorpecer la investigación en caso de que los acusados queden en libertad. Durante siete años «la víctima sufrió y padeció a manos de los acusados, quienes prácticamente la cosificaron», explicó Gual y por último detalló que los acusados intentaron presionar a la victima por medio de terceros, lo que refuerza la decisión de la detención preventiva.
