SALTA (Redacción) – Esta mañana, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) realizó en Chicoana la audiencia pública por el pedido de Saeta de aumentar un 30 % el boleto del colectivo para todas líneas (urbanas y metropolitanas). El acto se realizó en el salón municipal “Patio Sabores de Chicoana”, ubicado en calle El Carmen Nº 233.
Estaba previsto que participen 8 oradores, pero se presentaron solo 5, más un vecino de la localidad que pidió ser incluido, fuera de término en la lista. Los sorprendente fue que no hubo ningún representante de Saeta, ni de los empresarios del transporte. Tampoco hubo ningún tipo de protesta callejera por las pretensiones de la empresa en cuestión.
Exposiciones
La primera en tomar la palabra fue Silvana Gallardo Martínez, integrante de la Defensoría del Consumidor de Salta. la referente cuestionó la realización de la audiencia en la localidad de Chicoana. La defensora rechazó el aumento que pidió Saeta y solicitó que ese porcentaje se realice de manera gradual. Cada orador tenía 10 minutos para disertar.
También habló la docente Carmen Venencia y fue la única de todos los expositores que rechazó el aumento de manera contundente, ya que los demás pidieron la “gradualidad” en las subas. El argumento de Venencia gira en torno de un desfase que existe entre los números que maneja Saeta y las cifras que los gobiernos nacional y provincial subvencionan a las empresas de transporte.
El diputado provincial, Roque Avellaneda Cornejo, fue el siguiente orador quien rechazó el aumento y pidió la correcta aplicación del mecanismo de audiencia. El legislador cuestionó el estudio de costos porque dicho trabajo no fue auditado. También refirió al desconocimiento de los estados contables de las empresas y pidió el pase a un cuarto intermedio.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, le pidió a la AMT “equilibrio” para autorizar un aumento con un escenario de inflación, poca calidad en el servicio y los bajos ingresos promedios de las familias de trabajadores de Salta. “No se pueden transferir los costos a los usuarios. Debe haber un principio solidario para ello”, dijo Núñez Burgos.
