SALTA (Redacción) – Hace cinco años se encontraba sin vida a Jimena Salas en su casa en la localidad de Vaqueros. La victima fue asesinada al frente de sus hijas y desde ese día nunca se hizo justicia ni se terminó llevando a nadie tras la reja como culpable. Sin embargo, a mediados del año 2019, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas había modificado la estrategia judicial y encarceló a Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en la casa de la mujer asesinada.
El único imputado había defendido su inocencia desde el primer momento, sin negar haber estado en el mismo lugar y día del crimen. Según Vargas, estaba allí para venderle un par de sandalias a Jimena Salas, pero que no tenía nada que ver con el crimen. Ante la falta de pruebas, bajaron la acusación a participe secundario del delito de homicidio agravado por alevosía y violencia de género.
Por otro lado, también habían juzgado a Nicolás Cajal, quien era su marido y padre de sus hijas, de haber encubierto el homicidio de su esposa. Pero esta imputación no alcanzó para que quedará tras las rejas. Los fiscales forzaron el juicio hasta llegar a tener la expectativa de encontrar el responsable del femicidio de Jimena Salas, no obstante todo terminó siendo un verdadero fracaso.
En mayo del año pasado, tras los alegatos, la fiscalía terminó pidiendo la detención de Vargas y Cajal por el delito contra Salas. Nuevamente, la defensa criticó la resolución judicial como puras conjeturas, por lo cual el tribunal estuvo de acuerdo en resolver el fallo, reconociendo que no hubo pruebas directas contra los acusados y que fueron imputados por puros indicios.
Con respecto a la situación, los jueces reconocieron que el Tribunal actuó bajo un «estado de duda razonable en torno a que los hechos hayan sucedido como lo planteó la fiscalía. De esta manera, se permite observar que “en el hecho que se juzga, la fiscalía en su teoría del caso, no produjo ninguna prueba directa que apoye su postura, es por ello que su acusación se construye sobre la base de indicio», explicaron.
Por último, sobre el papel del viudo Cajal, en la fiscalía aseguraron que quería cobrar un seguro de vida que en realidad era un servicio propuesto a la empres Garbarino, que era su lugar de trabajo. De todos modos, los magistraron terminaron desechando cada una de las dudas que se tenía sobre Cajal, como el hecho de que tenía dos juegos de llaves, su decisión de cremar el cuerpo de Jimena, los problemas con el funcionamiento de la alarma de la casa y hasta la existencia de dinero y drogas en un maletín. Con todo esto descartado, el Tribunal dicto: «la devolución del Legajo de Investigación a la UGAP, a fin que continúe con la investigación para determinar los autores del hecho delictivo”.
