SALTA (Redacción) – El gobierno de Alberto Fernández dio de baja el Decreto N° 591 del 26 de agosto de 2019 y la Resolución Conjunta N° 3 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaria General de la Nación y del entonces ministerio de Producción y Trabajo.
Este decreto fue firmado durante la gestión de Mauricio Macri y permitía, a través de la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos, que se importen residuos de otros países sin certificado de inocuidad y que sean utilizados con diferentes finalidades o para los que existe un mercado o demanda específica. La decisión de Macri causó polémica ya que podría significar un gran riesgo para Argentina, según informa El Destape.
“Los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, determinaron en decreto publicado en el Boletín Oficial, según publica DDN.
La nueva norma determinó que en el plazo de los próximos 180 días, el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, y el de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas, “deberán formular una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular”. Mientras se resuelve el tema de fondo, se volverán a implementar las leyes al respecto que estaban vigentes desde 1992 y 1993.
Según el decreto, el objetivo es “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; y la prevención de los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo”.
