SALTA (Redacción) – En las últimas horas, los nuevos decretos del gobernador Gustavo Sáenz sobre el régimen sancionatorio que otorgan facultades a la policía causó polémicas. Es por eso que organizaciones de Derechos Humanos se expidieron contra una decisión del mandatario provincial, en este caso por la normativa impuesta para castigar a los que rompan la cuarentena. Al respecto, Nora Leonard llamó a reflexionar.
El flamante Régimen Especial Sancionatorio, que ya se encuentra en vigencia desde el viernes pasado por el coronavirus, sumó su segundo cuestionamiento público. Luego del pedido de derogación por parte de los diputados del Partido de la Victoria, se sumaron con idéntica solicitud organismos de derechos humanos. En ambos casos se basan en que se trata de una normativa viciada de inconstitucionalidad, según consideran.
Al respecto, la referente advirtió en FM 88.1 que “entendemos que, en la preocupación por la pandemia, hay que ser muy prudentes en cómo se trata a la población y en el poder que se le da a la policía, que es demasiado grande y que muchas veces comete errores graves respecto a la gente más vulnerable”. A lo que agregó que “los derechos de las personas deben ser respetados, más aún en pandemia”.
Por su lado, Juan Tejerina, miembro de HIJOS, definió la medida establecida como inconstitucional, ya que en la Constitución Nacional plantea que todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso. “Lejos está eso de que sea la policía la que tenga esta competencia. El mismo Código Contravencional de la provincia dice que todas las contravenciones deben ser juzgadas por un juez de garantías, por un fiscal y la policía, en su rol, simplemente es un auxiliar de justicia”, explicó Tejerina.
En tanto que en un comunicado, exponen que “desde los organismos de DDHH de Salta, una vez más rechazamos la decisión del gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Sáenz al suscribir el Decreto de Necesidad y Urgencia N 255/2020”, sin rodeos en el primer párrafo del comunicado y lo calificaron de “por demás excesivo para quienes transgredan las normativas dispuestas por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020”.
