SALTA (Redacción) – Un procedimiento de dudosa legitimidad ha puesto en práctica el ministerio de Seguridad de la provincia de Salta ordenando un control de los ciudadanos salteños ingresantes que impone el tomarles una fotografía junto a su DNI para “constatar su identidad”, siendo que el sólo documento ya constituye “per se” la materialización de la identidad.
De allí que obligar a cada persona a este método compulsivo se inscribe en un modo lindante con el reconocimiento utilizado para confeccionar un prontuario, una forma de la que sólo se tiene novedad en los países bajo regímenes autoritarios. Argumentar que es necesaria una fotografía para certificar la identidad es hacer caer de hecho la calidad de instrumento público del DNI, algo sino desopilante, por lo menos propio de bárbaros en los tiempos que corren.
Según la Ley correspondiente, el DNI no puede ser suplido ni requiere de ninguna otra condición para tener el efecto legal de certificar la identidad del portador y permitirle el ejercicio pleno de todos sus derechos y garantías, entre ellas las de circular libremente por el país (Art. 14 CN).
En palabras del funcionario a cargo de hacer cumplir esta operación propia de una mente calenturienta, se trata de un “sistema interno del ministerio de Seguridad para constatar que los datos y la fotografía coinciden”. La explicación oficial sobre la imposición de esta modalidad invasiva no puede ser menos precaria como así también ambigua.
Más preocupante todavía es la frase con que el dicho burócrata explica la situación diciendo que: “Es para un manejo interno de la información” ¿Qué es un “manejo interno”? ¿Cuál es el destino de esa “información”? Atento a que las fotografías y los datos personales pueden quedar expuestos al manejo sin control de cientos de policías conformando un episodio que configura una clara violación de los derechos y garantías constitucionales, la ley de Habeas Data e incluso los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
Esto es así ya que quien se negara a fotografiarse por la policía de Salta, aún estando en el derecho de hacerlo, será reprimido con una demora, posiblemente una multa y la prohibición de ingreso lo cual viola el principio constitucional antedicho del libre tránsito por el país (Art. 14), sin dejar de pensar que podrían estar incursos en un acto de intimidación o trato discriminatorio, ya que a los camioneros que arriban desde Buenos Aires y de otros puntos del el país no le toman ni la temperatura con los modernos elementos no invasivos que existen en la actualidad.
Con los antecedentes y serias sospechas de ser el norte argentino y Salta en particular una zona donde la trata de personas opera en forma recurrente y donde casos emblemáticos como la desaparición de Marita Verón y María Cash no han sido resueltos, alarma que el Gobierno que conduce Gustavo Sáenz, le otorgue a la Policía un poder que va más allá de lo legalmente permitido por la norma, imponiendo procedimientos abusivos e invasivos que ponen en duda y riesgo la calidad del Estado de Derecho.
No menos sugestivo y preocupante resulta el silencio de los Organismos de Derechos Humanos, de los abogados y aún del mismo Poder Judicial de Salta ante lo que se verifica como una clara violación a los derechos del ciudadano.
Hoy el mundo y Salta en particular se hallan atacados por una crisis sanitaria global y no por un estado de alteración del orden constitucional que acredite a darle a la Policía facultades extraordinarias que abren la puerta al abuso de autoridad y que revelarían el ejercicio de un espíritu dictatorial de parte de las autoridades correspondientes.
