SALTA (Redacción) – El fiscal federal Ariel Lijo solicitó un informe técnico contable para determinar si el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado fue “abusivo”, es decir, si representó un perjuicio para las arcas nacionales. Lo que surja del análisis será la clave para definir la suerte de la causa penal. En el marco de la causa del correo fueron indagados el ministro Oscar Aguad, otro funcionario y dos abogados. Cabe remarcar que la empresa continúa desarrollándose, en medio del proceso electoral que lleva adelante el actual presidente de la República, Mauricio Macri.
Ayer por la tarde, el fiscal federal Ariel Lijo pidió el cuerpo principal del expediente del concurso a la Cámara en lo Comercial. También solicitó que se realice un estudio que analice la deuda de la empresa, y al mismo tiempo el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno Nacional. Con estos datos, el fiscal busca determinar si el pacto fue «abusivo», tal como denunció la fiscal Gabriela Boquin. Esta decisión de Lijo es consecuencia del fallo de la Sala II de la Cámara Federal del 21 de agosto, donde se respaldó el avance de la investigación.
Anteriormente, la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunció en febrero de 2017 que el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado era «abusivo». Boquin en su dictamen acusó que lo acordado entre la empresa y el Gobierno «equivale a un perdón de la deuda». Por lo tanto, para la fiscal, el acuerdo «implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional». El Correo Argentino actualmente es controlado por Sideco Americana S.A., que a su vez es controlada por Socma Americana.
El informe fue enviado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según consignó Clarín. Sin embargo, antes de esta instancias, ambas partes deben responder si poseen los puntos técnicos que el fiscal federal Ariel Lijo pidió que estén presentes en el estudio técnico contable. Al mismo tiempo, las partes podrán sugerir y proponer sugerencias para la confección del estudio.
El fiscal investiga el acuerdo por la deuda del Correo Argentino que se llevó adelante en el gobierno de Mauricio Macri. Según la fiscal Boquín, el pacto representó una quita del 98% para la firma de la familia presidencial, porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba los 4.227 millones de pesos. En el pasado mes de agosto, la Cámara Comercial, que encabezaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, avaló que se continúe con la investigación por parte de Lijo.
Los camaristas Irurzun y Bruglia le encomendaron al magistrado esclarecer con precisión cuál fue el perjuicio para el Estado y a cuánto ascendió el monto de la quita de la deuda que se estaba negociando. Por esta causa, que comenzó en 2016, se encuentran imputados el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher.
«En el caso existen diferencias de cifras», dijo explicó la periodista Vanesa Petrillo en el programa Minuto a Minuto. «Los imputados rechazaron la cifra de 70.000 millones de la que habló la fiscal», informó Petrillo y expresó que: «Es absurda la cifra -según los acusados-«. «Los empresarios dicen que la quita fue de 500 millones», aseguró Petrillo. Precisamente, para los empresarios, «el porcentaje de la quita fue del 44% y no del 98% como dice la fiscal», cerró la periodista en C5N.
El origen de la causa fue en el año 2001, cuando el Correo Argentino dejó de pagarle al Estado nacional el canon correspondiente. Luego en 2003 esa deuda fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por el monto adeudado se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos. En ese marco judicial, el Gobierno y la empresa de la familia presidencial llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago no se realizó por resultar «abusivo» y representar una condonación de deuda.
