SALTA – (Redacción) La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue condenada por negar información y documentación desde hace un año a la Auditoría General de la Nación (AGN). Por lo tanto, el juez Enrique Lavié Pico, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, ordenó a la OA a entregar en un plazo de 15 días todo lo solicitado. En su resolución, el magistrado explicó que «la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática».
«Recorta de manera severa los derechos»
El juez Lavié Pico, en una resolución en la que cita un fallo de la Corte Suprema, apunta de forma rotunda que el acto de Alonso «implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano». «En tanto se trate de datos de indudable interés público», afirmó el magistrado, que en su fallo concluye: «La información requerida no puede estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, y la reticencia en suministrarla obstruye el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control, más aún teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer requerimiento».
«En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones», continúa el fallo de Lavié . Luego, el juez vuelve a citar a la Corte: «El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar, considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas».
«El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso», completa Lavié Pico según consignó Página 12. Además, su resolución enumera todos los pedidos y reiteraciones que hizo la AGN así como las excusas con las que respondía la OA para eludir la respuesta. El organismo dirigido por Alonso decía que antes de contestar quería «las preguntas de los cuestionarios correspondientes al relevamiento inicial». Pedía «información sobre el proyecto de auditoría, en especial se informen los objetivos, el alcance del trabajos, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar».
Oficina para proteger funcionarios
La Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso y depende del Ministerio de Justicia, había sido denunciada con un amparo por la AGN, organismo que realiza el control externo de las reparticiones públicas, tras varios meses de toparse con trabas y excusas de la repartición, incluso volcadas por escrito. En tanto, la Oficina tiene por función controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos e impulsar denuncias sobre corrupción, algo para lo que Alonso ha confesado selectividad a favor de la protección de los funcionarios del gobierno actual. Por lo que cabe remarcar que nunca antes había sido auditada.
«Argumentos bastantes vagos»
Por otra parte, en el programa «Minuto Uno», el periodista Gustavo Sylvestre informó que la titular de la Oficina Anticorrupción que «debe caracterizarse por su ‘transparencia’«. «Ella negaba a una auditoría en su oficina», señaló Sylvestre quien también expresó: «Laura Alonso, la republicana, se negaba y hoy está condenada». «La vergüenza de funcionarios que ya comienzan a preparar su vida fuera del Gobierno. Laura Alonso, Patricia Bullrich y (Mariano) Federici, tres de los cruzados del Gobierno en la persecución política y judicial contra exfuncionarios, contra jueces, piensan en el futuro que les espera», cerró el periodista.
En diálogo con este programa, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta relató que, en el mes de abril, junto a Gabriela Carpineti, Victoria Freire y Federico Fagioli hicieron «una presentación ante la oficina anticorrupción, a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública«. «Pedimos el listado de denuncias que habían recibido desde el 10 de Diciembre de 2015 y como habían avanzado en eso», señaló la abogada que agregó: «Pidieron una prórroga por 15 días que permite la Ley». Luego, relató: «Pasada esa prórroga, nos contestaron que rechazaban nuestra solicitud, con argumentos bastantes vagos«.
En ese sentido, Gómez Alcorta expresó: «La propia oficina anticorrupción nos dijo que no tenían sistematizada la información de cuándo asumieron los nuevos funcionarios». Según la letrada, «el pedido se fundaba ‘en el derecho de acceso a la información pública reconocido como parte indispensable de la forma republicana y democrática de gobierno por la Constitución Nacional'». «El interés legítimo para el presente no requiere conforme a derecho de una invocación o acreditación específica», sostuvieron en el pedido que le realizaron a la OA.
