SALTA (Redacción) – La Justicia condenó ayer a la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, a entregar la información requerida por la Auditoria General de la Nación sobre su labor entre 2016 y 2018, en el plazo de 15 días como bien informó SALTA4400. Esta decisión estuvo a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°6. Por su parte, el Auditor General, Oscar Lamberto, aclaró que este procedimiento es normal, ocurre en todo el Estado y hay quienes colaboran más y quienes colaboran menos. «En el caso de la OA, el ninguneo fue casi constante o nos daba un lugar en donde la gente no puede trabajar», criticó.
«Un acto arbitrario e ilegítimo»
La AGN, a cargo de Oscar Lamberto, manifestó que la oficina comandada por Alonso no cumplió con toda la documentación solicitada. Además, el auditor comentó que tras la solicitud de la información, le requirieron que previamente se defina el objeto, objetivos, alcance, criterios, procedimientos de la auditoría y los resultados que se esperaban alcanzar. «La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática», afirma el fallo de la justicia.
La resolución también describe que el no aporte de información «implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática». En este contexto, el magistrado de la causa especificó que «toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado».
«Nunca es capricho si hay bronca personal»
Por otra parte, el fallo de la Justicia y la posición de Alonso respecto a la entrega de documentación fue explicado con precisión por el Auditor General de la Nación, Oscar Lamberto: «Nosotros trabajamos siempre en base a planes, nunca es capricho ni hay bronca personal. El plan se envía al Congreso, este lo aprueba y todos los funcionarios del Gobierno lo saben desde hace un año que van a ser auditados. Cuando comienza la auditoría se envían notas solicitando elementos de trabajo y una serie de información que tiene que suministrar el organismo».
Luego, una vez aclarado el procedimiento, Lamberto aclaró que esto es normal, ocurre en todo el Estado y hay quienes colaboran más y quienes colaboran menos. «En el caso de la Oficina Anticorrupción, el ninguneo fue casi constante o nos daba un lugar en donde la gente no puede trabajar. Cuando empezamos a ver la cantidad de denuncias, el listado y los manuales de procedimiento, empezaron las negativas», describió y agregó: «Nosotros utilizamos todos los procedimientos administrativos que nos da la ley para acceder a la información, nos la negaron y por ello recurrimos a la Justicia».
«Me pueden acusar de cualquier cosa, menos de kirchnerista»
«El amparo muestra bien claro que ningún funcionario se puede negar a brindar una información que es pública, y menos para el organismo de control. Este es un hecho nuevo y bastante raro, es la primera en tres años que tengo que recurrir a la Justicia“, criticó Lamberto. Además, el funcionario insistió en que no hay ninguna bandera política atrás de esta investigación y remarcó la posición de Alonso ante el fallo judicial. «Esto es sin prejuicio porque nosotros no estamos suponiendo nada, estamos pidiendo información, después de hacer la auditoría se podrá opinar. Igual veo que la película continúa porque vi que apelaron el fallo calificando de arbitraria la intimación del juez“, describió.
«Me parece que es un hecho insólito y que va a marcar un antecedente muy importante, porque la auditoría es un mecanismo de la Constitución, es decir que nadie puede negarse a una ley constitucional y que está avalado por el Congreso, funcionando pacíficamente en todo el cuerpo del Estado, nosotros hacemos 300 auditorías por año», detalló el auditor General de la Nación. Por último, se aclaró la situación sobre los dichos que vinculan al organismo con la oposición. «Decir que la AGN está manejada por el kirchnerismo es absurdo. A los auditores los nombra el parlamento y a mí me pueden acusar de cualquier cosa, menos de kirchnerista. Quien decide mandar a la Justicia este caso fue todo el Colegio que está integrado por 7 auditores en el cual hay dos radicales», cerró Lamberto.
