SALTA (Redacción) – La Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que fomenta el Gobierno de Alberto Fernández. Esta iniciativa también es conocida como ley «ómnibus» o de «emergencia», por la cantidad de medidas que posee. Como bien informó SALTA4400, allí se establece 11 delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días y estipula una serie de reformas en materia impositiva, entre otras muchas cosas.
Conocé los detalles más importantes del proyecto:
-“Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas”.
-“Faculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina”.
-“Establece un impuesto a la compra de dólares del 30% para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años”.
-“Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en el 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial”.
-“Faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%”.
-“Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020. A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente”.