SALTA (Redacción) – El flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, cuestionó la iniciativa del Gobierno Nacional para eliminar las jubilaciones de privilegio de los jueces. Según el magistrado, el proyecto es inconstitucional. La misma postura fue defendida por su vice, Ricardo Recondo, quien aseguró: “Vulnera el principio de independencia de los jueces”.
El debate por las jubilaciones de privilegio
El titular del Consejo de la Legislatura defendió las críticas que sus colegas realizaron a la Casa Rosada. Según explicó: “Hay jueces que están con edad de jubilarse y se van a ir por la posibilidad del cambio de cálculo de jubilaciones”. En tanto, defendió el monto que cobra su sector bajo el argumento de que aporta “12% sobre el bruto”. En una entrevista para AM 750, aseguró que es porcentaje: “Muy superior al de cualquier ciudadano”.
Como bien informa El Intransigente, al igual que Lugones, Recondo afirmó que la iniciativa «es inconstitucional». Consideró que “vulnera el principio de independencia de los jueces”. “Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes. Para que sean independientes, existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones”, argumentó.
El proyecto de modificación en la Cámara de Diputados
Cabe recordar que el viernes pasado, el Gobierno envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para modificar las jubilaciones del Poder Judicial. El texto prevé reducir los haberes previsionales que reciben los magistrados retirados. En este momento perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad. La propuesta es que cobren el mismo porcentaje sobre el promedio de lo que cobraron en los últimos 10 años.
Además, desde el Frente de Todos apuntan a descender las jubilaciones de los diplomáticos, quienes perciben el 85% móvil sobre el último salario. El Ejecutivo con esta iniciativa busca: «Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales”. También plantearon que el fin es: “Reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales”. Según expone el proyecto, las “reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”.
