SALTA (Redacción) – Tras el revés de la semana pasada, finalmente los legisladores del Frente de Todos aprobaron la Ley de Alquileres, con 41 votos a favor. Asimismo, dio media sanción al proyecto que suspende por 180 días las sociedades anónimas simplificadas. Estas aprobaciones sucedieron luego de que la oposición ratificara su disconformidad y se retirara del recinto, tras convertir en ley el proyecto de educación a distancia.
Las dos normas recibieron luz verde por 41 votos a favor del Frente de Todos y de los monobloques de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). El rechazo de la oposición fue motivado por las razones que previamente fueron expuestas por los mismos. Precisamente, éstos últimos consideran que no se deben tratar proyectos que no estén relacionados con el coronavirus. Además, adujeron que no es lo acordado para las sesiones remotas.
La defensa inicial de la Ley de Alquileres estuvo a cargo de la correntina Ana Almirón. La misma destacó que la norma «supera la legislación vigente» y propicia «un equilibrio» en la relación contractual entre dueños e inquilinos. La senadora oficialista sostuvo que «el 17 por ciento de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler» y «casi el 41% del ingreso familiar» se destina a pagar el arrendamiento.
Extensión de contratos, actualización anual de precios, contratos «en blanco», entre otros puntos.
La nueva norma establece, entre otros puntos, la extensión de los contratos de dos a tres años. También propone la actualización anual de los precios, en lugar de ser de forma semestral como ocurre actualmente. Además, el aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Por otra parte, la iniciativa establece que «los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)», un punto importante porque evitará la firma de contratos «en negro». Paralelamente, AFIP deberá definir el plazo y la forma de esta declaración. De esta manera, se aspira a “blanquear” a todos aquellos que hacen de los alquileres buena parte de sus haberes.
Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los «ocupas», quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler. Muchos entienden que de esta manera, los mismos se valen de estos falsos contratos para que “fueron estafados en su buena fe».
El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo. Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario. El inquilino solo se hará cargo de las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio (salario del encargado, limpieza y otros conceptos).
Sociedad anónimas suspendidas
El segundo proyecto que el oficialismo aprobó se aboca a las sociedades anónimas. La iniciativa propone suspender por 180 días la inscripción de la SAS nueva. Mientras tanto, las que ya fueron creadas deben ratificar su inscripción ante la IGJ cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe recordar que las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
Juntos por el Cambio, a través de la palabra de la senadora Laura Rodríguez Machado, argumentó que el proyecto modificatorio de la norma no tiene relación alguna con la pandemia y por ende, incumple con lo pactado. Además, explicó que «hace un daño enorme al suspender la inscripción de sociedades que dan trabajo a los argentinos».