SALTA (Redacción) – Argentina dio otro importante paso en relación a la promulgación de los derechos humanos. Sin embargo, ciertos sectores miran esta implementación con recelo y consideran que se trata de una medida mayor impacto político que social. Concretamente, el cupo laboral trans ya entró en vigencia en la Nación. De esta manera, cada provincia iniciará los debates para su eventual aplicación. Igualmente, aún se desconoce si la norma podría regir en Salta.
Según consigna la agencia Télam, el Ejecutivo nacional oficializó la promulgación del Decreto 721/2020 en el Boletín Oficial. Respaldado por el Presidente Alberto Fernández, esta reglamentación cuenta con las firmas del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la titular del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta. Asimismo, enfatizaron que se trata de una medida para promover una «efectiva inclusión».
Cupo laboral trans
Entre los fundamentos de la propuesta, desde el Gobierno nacional indicaron que regirá en todos los ámbitos del sector público. A partir de este momento, se deberá garantizar que por lo menos el 1% del personal del Estado pertenezca a la comunidad. De esta forma, apuntaron que se incluye a personas travestis, transexuales y transgénero. No obstante, advirtieron que los contratados deberán ser idóneos para el puesto que desempeñen.
Asimismo, los funcionarios destacaron que esta decisión sobre todo está orientada a que los miembros de este colectivo tengan mayores posibilidades de acceder a espacios de trabajo. A su vez, sostuvieron que la norma busca «respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». En esa línea, advirtieron que «el ejercicio de sus derechos se ve obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad».
Particularmente, desde el Ejecutivo remarcaron que estas situaciones «afectan a este colectivo desde la niñez». Por eso, aseveraron que en adelante el Estado se encargará de promover la eliminación de «prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos». Con el objetivo de evitar malos entendidos, aseguraron que estas contrataciones no implicará despidos de trabajadores.
