SALTA (Redacción) – La crisis integral que afecta al país en términos económicos y sociales es tan inevitable como incapaz de ser encubierta. Por ello, en plena pandemia, el gobierno nacional prorrogó la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. El plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. En este marco, la recuperación de los salarios y la educación figuran en primer lugar.
Mediante la resolución 1042/2020 publicada en el Boletín Oficial, se sentaron las bases de las problemáticas y las materias pendientes que le quitan el sueño al gobierno nacional. La misma fue firmada por el presidente, Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También acompañaron el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán y el funcionario del área de Educación, Nicolás Trotta.
Se proyecta un agravamiento crítico para enero
Tal y como indica El Intransigente, el texto destaca que fue a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), como se otorgaron diferentes beneficios a los sectores más afectados por la pandemia. Sin embargo, «a partir del 1° de enero de 2021 se agravaría el crítico contexto en el que las instituciones (educativas) se encuentran inmersas. Esto repercutiría en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya debilitada a raíz de las referidas medidas».
En consecuencia, asegura que «es prioridad del GOBIERNO NACIONAL promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino». Asimismo, subraya que las instituciones educativas de gestión privada también se verían afectadas. Es decir, sufrirían un «impacto negativo» en especial en «las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable».
Preocupa la recuperación salarial y el poder adquisitivo
Además, la medida pone el foco en la recuperación de los salarios. En esta línea, remarca que «el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales». En ese sentido, detalla que «el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares. También colabora con el pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios».
Por último, la disposición hace hincapié en la necesidad de «fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único; la finalidad es la de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos». Por este motivo, admite que la gestión actual tendrá que «crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal».
