SALTA (Redacción)- Ley 27.452 conocinda como Ley Brisa de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad sin límite de edad (Rennya), cuyas madres o personas que estaban a cargo de sus cuidados fueron víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o intrafamiliar esta vigente desde 2018 pero comenzó a aplicarse en febrero de 2019. Al dia de hoy, mas de 800 niños están cubiertos por el estado.
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), a diciembre de 2019, 350 niñas, niños, adolescentes y jóvenes eran titulares del derecho a la reparación. Para marzo de este año se generaron un total de 513 nuevas altas, alcanzando un total de 863 titulares de derecho en ese período. El informe oficial explicó, además, que 72 personas ya no cobran por haber cumplido los 21 años o haber fallecido.
La ley establece el derecho a percibir una reparación económica y acceder a atención integral a través de una asignación equivalente a un haber jubilatorio mínimo (es decir de $20.571 por mes a marzo 2021) y cobertura de salud pública hasta los 21 años, y en caso de tener una discapacidad, es vitalicia. La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares y con otras prestaciones sociales.
Además el documento de la Sennaf detalló que desde diciembre de 2019 (comienzo de la aplicación de la Ley) a marzo 2021, se iniciaron 1.113 solicitudes de Rennya, siendo la provincia de Buenos Aires la jurisdicción con más demanda. El procedimiento para la implementación incluye la participación de tres organismos: Anses, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD) y la Sennaf.
Anses
Ante el contexto de pandemia «se acordó que la persona representante del niño o niña concurra a las UDAI sin requerir turno previo, en particular para Rennya», dijo Alejandra Shanahan, directora nacional de Promoción y Protección de Derechos de la Sennaf y responsable de la implementación de la reparación.
Una vez iniciado el trámite, es remitido al Ministerio, donde se coteja la documentación y se realiza el primer contacto con la persona que hizo la solicitud. Luego, se elabora un informe técnico de la situación actual de la familia y la Sennaf lo evalúa, aprueba, realiza eventuales observaciones o lo desestima, según el caso.
A su vez, el Ministerio y la Sennaf tienen competencias para brindar acompañamiento en el proceso de reparación, de acuerdo a la especificidad de cada organismo. Hasta los 18 años, las niñas, niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 cobran directamente.