SALTA (Redacción) – La política internacional del Gobierno Nacional es motivo de cuestionamiento desde su arribo al poder en diciembre de 2019. La más reciente crítica internacional se dio como consecuencia de la decisión del gobierno argentino de abstenerse de votar contra la violación de Derechos Humanos en Nicaragua. Así el país decidió no condenar la ola de detenciones a opositores que cometió el régimen de Daniel Ortega en el marco de la sesión extraordinaria de la OEA.
El Gobierno Nacional no acompañó la declaración que demandaba la “liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos” en Nicaragua. La postura Argentina fue criticada por la oposición en nuestro país y por los Estados Unidos cuyos funcionarios reconocieron sentirse “decepcionados” por el voto argentino y mexicano.
Esta decisión se suma a otras polémicas respecto a las violaciones de derechos humanos en el continente. Hace tan solo semanas se conoció que Argentina se retiró de la demanda en la Corte Penal Internacional contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, votó contra Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU junto con países de escasos valores democráticos como Venezuela, Cuba o Namibia.
El justificativo argentino
Desde Cancillería justificaron su abstención a condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua como si lo hicieron 26 de los 34 países que integran la OEA. Argentina decidió realizar una declaración en conjunto con México. Allí, expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias de opositores en Nicaragua pero rechazó la resolución de la OEA.
El Gobierno Nacional alegó que la condena a la violación de los Derechos Humanos es una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, la propia administración de Alberto Fernández ya tuvo cruces con Bolivia, Chile, Perú y Colombia por inmiscuirse en los asuntos internos de esos países.
