SALTA (Redacción) – Funcionarios que habían estado ocupando diferentes cargos bajo la gestión de Mauricio Macri fueron llamados a declarar en indagatoria en el contexto de la investigación por presunta venta a precio vil dos centrales térmicas. Son 9 los funcionarios que tendrán que dar sus explicaciones a la Justicia Federal en calidad de imputados por corrupción.
Las declaraciones se llevaran a cabo entre noviembre y diciembre. Cabe destacar que los nombres más importantes que deberán declarar son Javier Iguacel, exministro de Energía, y Gustavo Lopetegui, en calidad de exsecretario de Energía. También aparece Agustín Dell’Aqua por haber sido extitular de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y otros funcionarios más.
El inicio del expediente comenzó a partir de la venta de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López, la cuales fueron habilitadas a partir del consentimiento de Mauricio Macri que a través de un decreto en el 2017 permitió la «venta, cesión y/o otro mecanismo de transferencia de los activos de las centrales». La indagatoria se produce porque las ventas se habrían realizado en condiciones económicas y financieras desfavorables.
Sebastián Casanello tiene la causa en sus manos, encargado del Juzgado Nacional en Criminal y Correccional N° 7. La investigación es por la presunta «venta direccionada y a precio vil» de las dos centrales térmicas. El hecho preciso es que Ensenada Barragán había sido adjudicada a la empresa Central Puerto S.A., asociada al primo de Mauricio Macri, Ángel Calcaterra y su amigo Nicolás Caputo. La Brigadier López había terminado en manos de CT Barragán S.A., vinculadas a Pampa Energía e YPF.
La Fiscalía estimó una pérdida de $12.407.024.000 actualizado a 2018 en perjuicio del Estado. El Fiscal Ramiro González y el actual presidente de la IEASA, Martín Geréz calcularon este costo para la administración pública nacional. Se le habría restado a IEASA un «ingreso legítimo» que provenía de la generación de energía, mientras que se le otorgaba facilidades y ventajas injustificadas a los adquirientes.
Los demás citados son, exautoridades de IEASA, exdirectivos de finanzas del organismo y una representante de la actual Secretaria de Energía. La parte acusado pidió al juez Casanello que decrete la inhibición de los bienes personales de los imputados frente a la presunción de que podrían ser el resultado de acciones ilegales. Las declaraciones no serán presencialmente, sino a través de videoconferencia.
