SALTA (Redacción) – Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, utilizó sus redes para celebrar el convenio firmado con 3 empresas para las prácticas obligatorias que realizarán los estudiantes del último año del colegio secundario a partir del 2022. Una de ellas es Pampa Energía, en la que sus dueños son empresarios cercanos al expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri.
“Hoy estamos firmando el convenio con tres grandes representantes del sector privado”, manifestaba el funcionario. Enumeró que se trata de Pampa Energía, Accenture y Stamboulian. La primera compañía es propiedad de Marcelo Mindlin, que tiene como uno de sus mayores accionistas a Nicolás Caputo, un gran amigo de Macri, según indica ElIntra.com.ar.
El estrecho vínculo entre “Nicky” Caputo y el fundador del PRO comenzó a forjarse durante su juventud en la secundaria del Colegio Cardenal Newman. Compañeros de negocios y testigos de los momentos más importantes de la vida del otro, el exJefe de Estado nacional lo definió alguna vez como un “hermano del alma”. Además, ambos tienen en su CV una serie de maniobras polémicas para favorecer al empresario desde el Estado.
Días atrás la Oficina Anticorrupción denunció que descubrió la existencia de un trámite exprés donde la administración de Macri recurrió a una serie de irregularidades para vender el porcentaje de acciones pertenecientes al Estado de la empresa energética Central Puerto. En toda esta operación se intentó allanar el camino para que sean adquiridas por Pampa Energía.
La medida y el rechazo opositor
El pasado 9 de diciembre el Gobierno porteño lanzó el programa “Secundarias del Futuro” mediante el cual dispuso que a partir del 2022 los alumnos del último año de la secundaria van a tener “prácticas educativas obligatorias en ambientes laborales como parte de la cursada necesaria para aprobar”. En total son 29.400 los estudiantes de 5° año del secundario de 442 escuelas que tendrán prácticas laborales.
“No le importan los jóvenes, quiere mano de obra barata para sus amigos empresarios”, manifestó entonces la diputada nacional de izquierda Myriam Bregman. En tanto, la abogada Natalia Salvo expresó que de este modo se “impone el trabajo no remunerado como condición obligatoria en 5 to año para la aprobación” y agregó: “Precarización laboral de menores revestida de modelo educativo”.