SALTA (Redacción) – Los emergentes de la política suelen participar de la vida pública muchas veces con comentarios críticos y abusivos. El caso de Javier Milei es indudablemente un ejemplo que verifica esta situación. Tuvo un desliz en el cual planteó que una persona con necesidades podría vender sus órganos para sobrevivir. Pero desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) salieron a rechazar sus comentarios.
Las polémicas declaraciones del diputado se reprodujeron en un programa radial. «Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado», respondió Milei cuando le preguntaron si estaba a favor de la venta de órganos. El Incucai condenó los dichos del diputado nacional y recordaron que por ley eso está prohibido.
«El comercio de órganos se encuentra prohibido por la Ley de Trasplantes», explicaron hace horas en un programa radial. A su vez, destacaron que la donación «se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio». De esta manera, refutaron absolutamente la polémica propuesta hecha por el diputado Milei.
A su vez, resaltaron que la opción de comprar y poner un precio a los órganos o una parte del cuerpo «transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana», aseguran desde el Incucai. También aclaran que de llevarse a cabo esta propuesta «se vulneraría el principio de justicia como equidad, y consagraría las condiciones de inequidad ya que el supuesto “vendedor” lo haría por necesidad y el “comprador” lo haría por sus posibilidades económicas»; resaltaron.
Vender un órgano sería una coacción, afirman desde el Incucai
Al mismo tiempo, resaltaron que «el ejercicio de la autonomía se sustenta en la libertad para la toma de decisiones. En este sentido queda claro que la decisión de vender un órgano basado en las necesidades económicas implica coacción y no puede considerarse autónoma«, detallaron. Aclararon que «el ejercicio de la autonomía se sustenta en la libertad para la toma de decisiones. En este sentido queda claro que la decisión de vender un órgano basado en las necesidades económicas implica coacción y no puede considerarse autónoma».
Finalmente, afirmó que esta es la forma que «garantiza que no exista comercio ni ningún tipo de contraprestación por la donación de órganos». Las políticas sanitarias y el sistema de donación y trasplante «garantizan la equidad en el acceso». «La gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y garantizar equidad con base en principios de justicia distributiva», sintetizaron desde el Incucai.
