SALTA (Redacción) – El Gobierno Nacional vive un escándalo que avanza a pasos agigantados. Es qué Matías Kulfas ratificó sus dichos sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Por eso, el juez federal Daniel Rafecas inició la investigación por el escándalo y ordenó las primeras medidas de prueba. El magistrado dio una orden de presentación para obtener el pliego de la licitación.
El juez Daniel Rafecas puso en marcha la investigación a raíz de tres denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py. El magistrado fue sorteado para investigar la primera de las denuncias realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lomé, que promovió la investigación penal contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, también acusada de corrupción.
La denuncia de es contra el ex ministro Matías Kulfas pero incluye a todos los funcionarios que tuvieron injerencia en la licitación. “Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”, señala uno de los fragmentos de la primera de las denuncias.
Matías Kulfas, a quién se lo denuncia por “incumplimiento sus deberes de funcionario público” al no hacer pública estas írregularidades, no es el unico acusado. También se solicitó investigar a “Andrés Cirnigliario, presidente de dicha empresa estatal y sus funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, negociaciones incompatibles y otros posibles delitos”, señalaron en la denuncia.
Las denuncias
Además de la denuncia que Investiga el juez Daniel Rafecas, Quién fue el candidato del gobierno para ocupar la procuración, existen otras dos dedos. Una entidad denunció a los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). Mientras que los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff denunciaron a Agustín Gerez, titular de IEASA, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles.
