SALTA (Redacción) – Uno de los grandes focos de disputa política a nivel nacional es la Procuraduría General de la Nación y es que por el momento no cuenta con un jefe que ocupe el máximo cargo de manera titular. La fuerte interna generada a través del Gobierno Nacional imposibilitó que su candidato, Daniel Rafecas, se quede con un lugar muy importante para los problemas judiciales del frente oficialista.
Actualmente, Eduardo Casal está al frente de la Procuraduría General de la Nación, quien tiene un fuerte rechazo por parte del oficialismo y es duramente criticado. A la dura interna en este órgano judicial se le agrega otro problema de gran importancia. En las fiscalías hay un 40% de los cargos vacantes, esto se da manera similar en los juzgados federales y nacionales.
Eduardo Casal ocupa el cargo de procurador general desde noviembre del 2017 cuando presentó su renuncia Alejandra Gils Carbó. A pesar del intento de cambiar al titular de esta cartera, desde el Gobierno nacional no se logró el objetivo de designar a uno propio y más cercano políticamente. El Programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial presentó un informe denunciando que más del 40% del Ministerio Público Fiscal están vacantes y que no se convocan a concurso para cubrirlos.
Concretamente, los datos presentados confirman que de las 334 fiscalías habilitadas hay 123 que tienen sus cargos sin cubrir. Asimismo, hay 8 cargos con vacantes que forman parte de fiscalías no habilitadas, 14 que pertenecen a fiscalías internas de la Procuración y 8 a cargo de investigaciones administrativas. «El análisis de las convocatorias efectuadas en los últimos 10 años da cuenta de un panorama preocupante que no se limita a los últimos años», detalla el informe.
El mismo fue expuesto ante el procurador Casal y le objetaron «el gran perjuicio social que genera las vacancias en las fiscalías». Detalladamente, una de las consecuencias es que «en la práctica, la mayoría de las fiscalías cuyos titulares se encuentran vacantes están ocupadas por otras u otros fiscales que, de esta manera, deben descuidar el trabajo que tienen en sus cargos de origen para el que fueron nombrados», indica y que esto repercute en los que los juicios orales se retrasan si tienen que intervenir ante más de un Tribunal.
Desde la Procuración se defendieron explicando que desde el 2017, con el cambio de procurador y de reglamento interno, se permitía seleccionar a dedo a los magistrados y no por concurso. Por otro lado, resaltaron que la «modificación del régimen de impuestos a las ganancias y jubilaciones» implicó que haya «más jubilaciones y por ende en más vacantes. Asimismo, destacaron que por la pandemia se retrasaron los concursos que estaban en trámites.
