SALTA (Redacción) – Como si el pedido de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos contra Cristina Kirchner fuera poco, Alberto Fernández fue más a fondo y cometió uno de esos tantos errores que suele cometer al decir que esperaba que al fiscal Diego Luciani no le pasará lo mismo que a Alberto Nisman. El presidente asegura que su defensa a la vicepresidenta lo hizo aprovechando la libertad de expresión.
Tras aquella polémica declaración del jefe de Estado, el procurador Eduardo Casal convocó a Luciani y a Mola para redoblar su protección. Para el magistrado, los dichos del presidente Fernández fueron «una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones». El mandatario nacional escribió una carta donde se defendió de dichas acusaciones y aseguró que hizo todo bajo el derecho de la libertad de expresión.
Señaló «que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario. Ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa finalizó su alegato en el proceso«, expresó Fernández defendiéndose. A su vez, aseguró que los miembros del Poder Judicial no están exentos de las críticas.
También, el presidente de la Nación hizo una comparación análoga con el caso de Lula Da Silva de Brasil. Fernández recordó que al candidato a president del país vecino lo procesaron y condenaron con pruebas endebles. Se lo «condenó y encarceló injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones», manifiesta el documento. Resaltó que en esa ocasión se trató de una verdadera «persecución judicial, mediática y política».
El presidente pidió que midan a todos con la misma vara
En el mismo sentido, el presidente argentino recriminó la «doble vara para medir hechos institucionales» por parte de Casal. Puso como ejemplo al expresidente argentino, Mauricio Macri, que recibió a Chocobar estando con un proceso penal y el procurador no dijo nada. Tampoco convocó a Macri para que «instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla» y criticó su falta de ecuanimidad.
«La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad», plantea una de las últimas partes del documento presidencial. De esta manera, el presidente Fernández volvió a apretar el acelerador en contra del Poder Judicial. Se suma un nuevo capítulo a la pelea entre el Gobierno y la Justicia, en la cual Cristina Kirchner pasa un momento realmente complicado.
