SALTA (Redacción) – Los planes sociales cumplieron en este 2022, veinte años. Con estas dos décadas de planes se han aceitado e incluso fomentado desde el propio Estado las irregularidades en los cobros. Por ello Diego Arroyo, el delegado de Desarrollo Social en la provincia, hizo una fuerte revelación. Según el funcionario se reciben 30 denuncias diarias de beneficiarios de planes sociales que sufren retención de dinero por parte de punteros o dirigentes.
Diego Arroyo, aseguró que organizaciones sociales y políticas también se quedan con el dinero de los planes sociales. «La preocupación respecto a estas retenciones de dinero viene desde hace bastante tiempo, de hecho es por esto que el Ministerio el año pasado tomó la decisión de poner a disposición de los titulares que cobran el Plan Progresar Trabajo, la posibilidad de elegir en qué unidades de criterio quieren realizar sus tareas», señaló.
«Teniendo en cuenta que dependen de una organización o de los gobiernos provinciales, que son unidades de gestión. La idea siempre fue que cada beneficiario se sienta cómodo en el lugar donde tiene que brindar la contraprestación. Acá es donde se entiende que hay muchos que hacen mal uso de algunos recursos humanos y por eso se cambió la gestión», sostuvo el funcionario respecto a los planes sociales.
Por otro lado, Diego Arroyo aseguró que ahora el objetivo del Gobierno Nacional -después de tres años de gobierno- es ponerle fin a las controversias respecto a los planes sociales. «Yo no puedo decir que esto ha quedado a discrecionalidad de los partidos políticos. La resolución de marzo del 2020 indica que las unidades de gestión son las organizaciones sociales o los gobiernos provinciales», expresó.
«En este marco no todas las organizaciones dependen de los partidos políticos. Por eso, la idea desde que asumió Sergio Massa es terminar con las arbitrariedades. Cada uno sabe lo que hace y nosotros vamos en contra de quien le saca un mango a quien menos tiene», concluyó Diego Arroyo.
