SALTA (Redacción) – Si el debate en general de la Ley Ómnibus fue realmente caliente y extensa, se espera que la discusión de los artículos en particular sea aún mucho más potente. En la Cámara de Diputados los legisladores nacionales tendrán su segundo round para aprobar o rechazar los diferentes temas que se incluyen dentro de esta iniciativa legislativa.
Todo esto se dará nuevamente en un clima hostil y de aprietes por parte del presidente Javier Milei. Además, los gobernadores intentaron negociar la coparticipación del Impuesto País, pero Guillermo Francos anticipó que el jefe de Estado lo vetará. Es decir, aquellos gobernadores que dieron su apoyo la Ley a través de sus diputados se quedaron sin nada.
Para el Ejecutivo hay dos tópicos que parecen centrales de la ley y a la cual apuntan a lograr el apoyo de los legisladores. Las privatizaciones y las facultades delegadas seguramente serán el eje del debate parlamentario en la jornada que inicia hoy. Desgraciadamente para Milei, la oposición dialoguista no tiene muy en claro como votará esos puntos. Mientras tanto, siguen las negociaciones.
Hay que prepararse para cualquier escenario posible ya que si el debate del proyecto en general llevó tres días, se puede esperar que la etapa actual se extienda por más tiempo. Son más de 300 artículos que se pondrán en evaluación de los legisladores y sin acuerdo es probable que muchos de ellos sean rechazados. A su vez, también se espera que haya nuevas manifestaciones en las fueras del Congreso.
Otros de los puntos que forman del proyecto de ley
Más allá de la importancia de las privatizaciones y de las facultades extraordinarias, hay otros puntos que serán vitales en el debate. La Ley Ómnibus también propone la eliminación del INADI, una reforma judicial: proceso de digitalización burocrática y archivística. Al mismo tiempo se buscará la derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.
Además de todo esto, hay un punto que es vital para Salta y que podría tener un fuerte impacto negativo hacia adelante. La eliminación de la concepción del turismo como «un derecho social y económico» de las personas y la obligación del Estado nacional de «elaborar obras públicas turísticas». A esto se suma, la modificación de los artículos sobre la sostenibilidad y financiamiento de la producción cultural. Uno de los puntos que generará polémica seguramente es la habilitación del uso de las armas de fuego de las fuerzas de seguridad.
