SALTA (Redacción) – Fiscales bolivianos emitieron esta semana una orden de arresto contra el renunciado presidente Evo Morales. Lo acusan de sedición y terrorismo. Por su parte, el actual ministro del Interior, Arturo Murillo, presentó los cargos contra el líder del MAS, alegando que promovió enfrentamientos violentos que provocaron 35 muertes durante disturbios antes y después de dejar el cargo.
La crisis política sigue con las denuncias y acusaciones cruzadas
De esta manera. según las autoridades, el expresidente de Bolivia ordenó a sus propios partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) bloquear ciudades del país para forzar la expulsión de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez. La senadora llegó al cargo cuando Morales renunció el 10 de noviembre luego de una ola de protestas, acusaciones de fraude y bajo la presión de la policía y las Fuerzas Armadas.
Teniendo en cuenta esto, Evo Morales primero se exilió en México y ahora esta alojado en calidad de refugiado político en Argentina. El dirigente ha negado repetidamente los cargos y acusó una conspiración en su contra. Incluso adelantó que hará campaña por el candidato presidencial de su partido, aún no elegido, en las próximas elecciones presidenciales. Cabe recordar que la Asamblea de su país acordó que no puede presentarse a los comicios.
Pedido de captura
Luego de los cargos que presentaron, realizaron un pedido de detención contra Morales. El requerimiento de la orden de aprehensión contra el expresidente, fue publicado por el Ministerio Público de Bolivia. Según informaron, luego fue “elevado en consulta, para su análisis, a la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Lyon, Francia”. Así describió el jueves el director departamental de Interpol en La Paz, Augusto Russo.
Por lo tanto, en estos momentos, la Secretaria General de Interpol analizará el requerimiento fiscal para definir lo que corresponde, explicó Russo según la cadena CNN. En tanto, Morales es requerido por autoridades judiciales bolivianas para declarar en el caso que se investiga en su contra por los presuntos delitos de terrorismo y sedición. El expresidente reiteró su inocencia desde Buenos Aires y aseguró que la orden de aprehensión en su contra es inconstitucional.
