Tras superar numerosas incidencias procesales, las que fueron motivo de constantes reclamos por parte de los familiares de las víctimas, la justicia salteña anunció finalmente la fecha en que los tres ex funcionarios imputados como responsables por la muerte de cuatro brigadista forestales, serán juzgado por lo que se denominó la tragedia de Guachipas.
El juicio, que será oral y público, comenzará el próximo 15 de octubre y se extenderá hasta fin de ese mes. Las audiencias, en tanto, se desarrollarán en la sala de Grande Juicios, en la ciudad judicial. Los imputados, en tanto, fueron identificados como Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, todos ex funcionarios de Defensa Civil, un organismo dependiente del gobierno de la provincia.
Los tres acusados deberán responder por el mismo delito, el de incumplimiento de deberes de funcionario público, imputación que la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, le impuso al investigar el caso, el cual en primera instancia había sido archivado por su colega de la Fiscalía Penal de Cerrillos, Gabriel Portal, quien luego excusó de seguir con la investigación.
La decisión del archivo, según fuentes judiciales, se produjo a los meses de ocurrido el incendio, el 27 de octubre de 2014. Como consecuencia de ello murieron los brigadistas, Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte, quienes quedaron encerrados por las llamas cuando trataban de sofocar el fuego, el que se desarrollaba en el cerro conocido como El Acheral, en la localidad de Guachipas.
Tras la decisión del fiscal Portal de archivar el caso, en agosto de 2015, el defensor del pueblo de Cerrillos, Carlos Paz, salió al cruce de la decisión judicial y no sólo denunció al fiscal, sino también pidió su destitución a través de un jury de enjuiciamiento. Ese proceso, sin embargo, no superó las instancias necesarias para el desplazamiento del funcionario.
Posteriormente, y ante la aparición de una nueva prueba, aportada por un testigo que señaló aspectos de la causa, hasta ese momento desconocidos, el caso fue reabierto y la investigación pasó entonces a manos de la fiscal, Poma, quien impulsó el proceso penal e imputó a los tres acusados, para luego solicitar el juicio oral y público de los mismos por el delito de incumplimiento de deberes.
Lejos de que la causa llegue a debate, surgieron varias presentaciones legales, incluso por parte del gobierno de la provincia, las que fueron rechazadas y el caso, como se informó ahora avanzará a su etapa de juicio, el que estará a cargo del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, mientras que por la fiscalía estará la misma acusadora que instruyó el caso.
